Estados Unidos no puede ganar la guerra contra las drogas en México

En Oaxaca, un movimiento social luchó para la dimisión del gobernador del estado y para la creación de un gobierno estilo asamblea popular, la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO). El conflicto resultó en enfrentamientos violentos entre la policía federal y activistas sin armas, con hasta 26 muertos. Uno de los muertos fue un reportero de Indymedia de Nueva York, Brad Will. Testigos y fotos, publicadas en el diario El Universal, proveen evidencia que sus asesinos fueron oficiales locales.

 El gobierno de los EE. UU. incluyó una sección en la ley liberando fondos para la Iniciativa Mérida que el caso de Brad Will tendría que ser resuelto en un proceso justo en un máximo de 45 días. El gobierno de Oaxaca respondió con la detención de Juan Manuel Martínez Moreno el 17 de octubre de 2008. Martínez Moreno era un activista de la APPO que corrió al lado de Will después de que fue muerto a tiros para salvarle la vida, y no era ninguno de los oficiales locales fotografiados en la evidencia. Después de 16 meses en prisión, el 18 de febrero de 2010 Martínez Moreno fue puesto en libertad. En un discurso en el Zócalo del estado, advirtió que su caso no es el único de encarcelamiento injusto por activismo, y que otros activistas siguen encarcelados sin justificación en Oaxaca.

 Representantes de Nueva York la aprobaron

La organización Friends of Brad Will también protestó la Iniciativa Mérida en Washington, D.C. Jereski criticó a dos representantes de Nueva York, Eliot Engel y Nita Lowey, que tuvieron papeles clave en la aprobación de la Iniciativa Mérida, “Engel, como presidente del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental rechazó invitar a oponentes de la Iniciativa a las audiencias que él condujo”. Lowey es presidente del Subcomité de Operaciones Extranjeras del Comité de Asignaciones, a través del cual se remite el dinero. Jereski dice que “ninguno de los dos hicieron caso a llamados de sus constituyentes para oponerse al Plan México y ninguno se esforzó en usar su considerable poder para exigir responsables en el asesinato de docenas de inocentes a manos de fuerzas de seguridad mexicana”, incluyendo el de Brad Will, un ciudadano estadounidense que vivió y trabajó en el estado de Nueva York por años.

 En la experiencia de Miguel Ángel Vásquez de la Rosa, de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), los congresistas con quienes habló en Capitol Hill, incluyendo a Raúl Grijalva, John Hall, Kirsten Gillibrand, Robert Menéndez, Dodd Chair, Presidente Engel, Michael McNulty, Dan Burton, Ros Lehtinen, y Senador Corker, fueron receptivos a su perspectiva de la Iniciativa Mérida y expresaron preocupación sobre el estado de los derechos humanos en México, especialmente como resultado del asesinato de Brad Will, y la corrupción del gobierno mexicano.

 Vásquez de la Rosa dijo que las organizaciones de justicia social tendrán que tener un papel más poderoso y más claro para la supervisión efectiva de los fondos, porque no hay mecanismos claros para la supervisión transparente de los fondos Mérida. Él comparte el mismo sentimiento de muchos otros grupos de justicia social en México cuando dice que tres años después de que Calderón empezara su guerra contra las drogas y enviara al ejército para combatir carteles, el nivel de inseguridad y violencia se ha incrementado.

 También dice que la guerra contra las drogas ha resultado en cambios perjudiciales en el sistema de justicia mexicana, como en el concepto de arraigo, cuando un sospechoso de un crimen puede ser detenido entre 80 y 120 días sin acusación en lo que el gobierno intenta obtener evidencia en su contra, y una ley nueva que permite a las fuerzas de seguridad entrar a casas y buscar drogas o armas sin autorización.

  Vásquez de la Rosa sugiere la necesidad de otra táctica en la guerra contra las drogas, porque la inversión en seguridad no es suficiente contra la pobreza y la corrupción que hay en México. Dice que el Tratado de Libre Comercio entre los EE. UU., México y Canadá, que entró en vigor en 1994, ha exacerbado la pobreza en México, desplazando a 2 millones de pequeños granjeros, e incrementado dramáticamente la inmigración a los EE. UU.

 Por eso, la inversión en el desarrollo económico de México es la clave para desmontar el poder de los carteles, especialmente para crear fuentes de trabajo. Jereski critica también la Iniciativa Mérida como “una respuesta a la movilización contra la pobreza y otras dislocaciones sociales, culturales, y económicas causadas por el Tratado de Libre Comercio”.

 Para Vásquez de la Rosa es necesaria una modernización del sistema de justicia en México porque el nivel de desconfianza pública en las fuerzas de seguridad es alto. Según él, “de cada 100 crímenes, solamente se denuncian 25, y nada más 5 son resueltos” con acción judicial. Los fondos de la Iniciativa Mérida podrían apoyar las violaciones de derechos humanos y la criminalización de protestas. Bricker ha reportado sobre la detención del 30 de septiembre pasado de José Manuel Hernández Martínez (conocido como Don Chema), un líder de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), Región Carranza en Chiapas, que promueve invasiones de tierra para que los campesinos tomen y legalicen tierras en el estado.

 Él y OCEZ fueron acusados de trabajar con organizaciones que trafican drogas, armas y migrantes. La policía revisó comunidades afiliadas con OCEZ con escáneres de ión y no encontró ninguna arma, ninguna droga, y ningún migrante. Bricker lo llamó un “caso de prueba” para ver cómo reacciona la sociedad civil a detenciones de este tipo, y si esta medida puede ser aplicada a otras organizaciones disidentes. Don Chema ha sido liberado bajo fianza por presión política, pero sigue enfrentando dos acusaciones menores y su pueblo sigue ocupado por la policía.

Tráfico de armas y adicción

La misma Hillary Clinton ha mencionado dos fuentes de violencia relacionada al narcotráfico: “la demanda insaciable de drogas” en los EE. UU. y el tráfico ilegal de armas. Ninguna de las dos ha sido tratada en la Iniciativa Mérida. Jereski dice que “dar fondos al ejército no es una respuesta práctica a un problema de salud pública, en el que se necesitan fondos para reducir el número de consumidores de drogas,” comparando la situación actual a la prohibición de alcohol en los EE. UU. en los años 1930. Un estudio de la Corporación RAND descubrió que los programas domésticos de prevención del uso o rehabilitación de drogadictos son diez veces más efectivos por su costo que los programas de prohibición de drogas. Bricker, Jereski y Miller están de acuerdo que alguna forma de legalización de drogas es necesaria.

 Jereski dice que la marihuana proporciona el 75 por ciento de los recursos de los carteles, y ex presidentes de México, Ecuador y Bolivia han recomendado que los EE. UU. examinen la legalización o despenalización de esta droga. Mientras los gobiernos de los EE. UU. y México enfrentan con más fuerza a las drogas, los precios suben y el negocio es más rentable—y la violencia aumenta también. Se estima que el 90 por ciento de las armas que usan los carteles vienen de los EE. UU., un asunto que Vásquez de la Rosa notó es clave a la violencia. La Iniciativa Mérida no incluye ningún mecanismo para combatir el tráfico ilegal de armas.

 A través de la Iniciativa Mérida, los EE. UU. dan recursos a la guerra contra las drogas del Presidente Calderón, entrenando y armando a la policía y al ejército en México, pero no incrementan esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de armas o incrementan fondos para programas de prevención o rehabilitación para combatir el uso de drogas en los EE. UU. La solución militar al trafico de drogas pone a ciudadanos, organizaciones de sociedad civil, y activistas mexicanos en riesgo de violaciones de derechos humanos.

 Para más información: www.witnessforpeace.org, www.friendsofbradwill.org, o www.narconews.com.

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