México: aldeanos de Puebla llevan lucha por derecho al agua al DF

El campamento en frente del edificio del Gobierno está poblado por aproximadamente 150 personas del municipio de Huaxcaleca, cuya mayoría es indígena, Nahuas de la región montañosa de la Sierra Madre Oriental en Puebla. Establecieron su plantón para demandar autonomía sobre el sistema de agua potable, ganada con el enorme esfuerzo de su comunidad, y para pedir el fin a la represión de la actividad política indígena por parte del gobierno de Puebla. Todos pertenecen a la Unión Nacional Anahuac, UNA, una organización comunitaria que busca más autonomía y mejores condiciones de vida para la gente indígena de Puebla.  

El campamento en la Ciudad de México consiste en unas carpas grandes ubicadas en un carril de la Avenida Chapultepec, y tendederos desplegados para cubrir una parrilla portátil y agua potable en garrafones. En una tarde reciente, mujeres Huaxcalecas cocían y hacían quehaceres mientras un grupo de hombres distribuían folletos que explicaban su situación a transeúntes y pedían donativos para proveer al grupo de comida y otras necesidades básicas. Unos niños pequeños caminaban por las carpas o gateaban, a pesar de la capa de suciedad que cubría la acera. 

La ropa de los residentes secaba en tendederos encordados entre las carpas y el edificio de las oficinas del gobierno, cuyas paredes han estado cubiertas de caricaturas poco favorecedoras de los políticos poblanos. Pero lo que el peatón nota primero es la colección de enormes fotografías de mujeres y niños enseñando heridas sangrantes causadas por la policía del estado en Huaxcaleca en octubre pasado. 

UNA dice que mantendrá su plantón hasta que oficiales del gobierno aseguren creíblemente que cumplirán con las demandas: que el control del sistema de agua potable de Huaxcaleca regrese a los residentes que lo establecieron; que el gobierno provea apoyo financiero para que el agua potable sea asequible a los residentes pobres; y que la violencia del gobierno contra miembros francos de la comunidad termine inmediatamente. 

Los representantes de UNA dicen que están confrontando al gobierno en el Distrito Federal en lugar de Puebla por la seguridad proporcionada por una mejor visibilidad pública. Después de sufrir represión violenta en su propio estado, los manifestantes están convencidos de que su plantón aquí en la capital es la única manera segura de continuar presentando sus demandas. 

En 1997 miembros de varias comunidades indígenas de Huaxcaleca organizaron UNA para tratar la pobreza local y promover sus derechos humanos. UNA esperaba introducir nuevos proyectos de obra pública autónoma en Huaxcaleca.  

Los manifestantes de UNA en el DF atribuyen muchos de los problemas que afligen a Huaxcaleca a la tradición histórica en Puebla de complicidad entre caciques locales y gobierno municipal y estatal controlado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La primera gran iniciativa de UNA, agua potable para Huaxcaleca, ha sido una lucha continua. Según una extensa historia escrita y distribuida por organizadores en el plantón, tanto el presidente municipal, Gumersindo Montiel Hernández, como el gobernador de Puebla, Melquíades Morales Flores, han  resistido el proyecto.   

Según UNA, en vista de la falta de apoyo del gobierno local, la organización comunitaria se encargó de la mayoría del trabajo. Los esfuerzos locales para recaudar dinero para los ajustamientos topográficos necesarios para instalar nuevos tubos de agua tuvieron éxito; al igual que el cabildeo para asegurar la aprobación ante la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento y la Comisión Nacional del Agua.  

En 2000 el nuevo sistema de agua fue completado y aprobado por el estado, a pesar de la oposición continua por parte de los oficiales locales. A regañadientes el gobierno municipal acordó reconocer la autoridad de los comités de UNA para dirigir la operación y administración del sistema del agua.  

En 2001 UNA ganó otra victoria importante cuando el Gobernador Morales acordó proveer una aportación mensual de cinco pesos por cada usuario del sistema de agua, según UNA, "para la ejecución de obras de beneficio social en estas Comunidades". UNA empezó a recaudar cinco pesos adicionales por usuario para mantenimiento del sistema.   

Lamentablemente, dice UNA, los subsidios prometidos del gobierno nunca llegaban en su totalidad, y se empezó a sospechar que el Estado estaba socavando a propósito el sistema como excusa para tomar la infraestructura y dar su operación a las autoridades del PRI. 

La falta de fondos para el sistema de agua potable siguió siendo un problema grave. En 2002 los residentes de la zona acordaron pagar 25 pesos bimestrales. Sin embargo, este significativo aumento todavía resultó insuficiente y la frustración de UNA por la ausencia de apoyo del gobierno crecía más. 

La represión se intensifica   

Como respuesta al hostigamiento y falta de cumplimiento del gobierno de los subsidios, UNA organizó un plantón en uno de los caminos principales de la Sierra Madre Oriental. Su manifestación pacífica intentó encontrar una "solución a sus demandas de justicia y denunciar públicamente" la situación de vida de la gente de Huaxcaleca. Los oponentes de la organización "respondieron con más represión y criminalizando a los dirigentes del movimiento", según el mismo panfleto, "acusándolos de delitos prefabricados". 

En mayo de 2005 aumentaron las tensiones. Cuando el PRI ganó las elecciones locales, miembros de la comunidad denunciaron las elecciones como fraude (una queja perenne contra el PRI) e instalaron otro plantón en frente del Palacio Municipal de Huaxcaleca. El plantón terminó en septiembre de 2005 cuando se firmó un acuerdo gracias al apoyo de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados y la Red Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos para Todos. La paz no duró mucho tiempo. Los representantes de la comunidad declararon que el PRI y sus partidarios no estaban cumpliendo con los acuerdos. 

Las tensiones estallaron el 13 de octubre de 2006, cuando la policía municipal atacó a la gente de varios pueblos de Huaxcaleca. Según UNA, los policías "llegaron a las comunidades agrediendo a niños, mujeres y ancianos golpeándolos y causándoles heridas graves". 

Los miembros de la comunidad inmediatamente pidieron una investigación completa, pero ningún tipo de investigación se ha iniciado. Según los informes de UNA la policía municipal ha continuado intimidando desde octubre con varios métodos como lanzar balazos al aire y amenazas a los que salen de sus casas."

Los casos más graves de represión reciente involucran a tres hombres de Huaxcaleca: Miguel Lazcano Sedas, Germán Galindo Pedraza y Ángel González Pinillos. Todos con posiciones destacadas en la comunidad y críticos de las acciones del PRI. Lazcano fue detenido el 18 de enero, acusado de delitos de motín y daño a propiedad ajena, delitos que, según UNA, no son ciertos. Ocho días después, González y Galindo fueron detenidos y acusados de motín, al término de una reunión a la que habían sido invitados por el presidente municipal de Huaxcaleca. UNA llama el hecho una trampa para detener líderes de la comunidad.  

Los tres detenidos han protestado los motivos y las condiciones de su detención y contaron a sus familias que la policía los golpea con frecuencia para obtener confesiones por los delitos de los que se les acusa. UNA dice que el encarcelamiento es parte de la campaña del gobierno local y del estado "para continuar sojuzgando a las comunidades indígenas para impedir que salgan de la pobreza extrema y rompan el control político de los caciques priístas de la región".