Vientos de cambio social soplan en Cuba
June 2008Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la sucesión política de Fidel Castro a su hermano menor Raúl “se caracteriza por un grado de estabilidad notable”. Pero la legislación que promovió el presidente Raúl Castro a finales de marzo, que permite la compra de móviles prepagados a todos los cubanos, hace que los observadores políticos vean insinuaciones de un gradual avance político.
Desde que el anuncio permitiendo el uso de teléfonos móviles fuera publicado en Granma, el periódico del partido comunista, los empleados de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, S.A. (ETECSA) han visto el impacto de esta nueva libertad. Con orgullo, ETECSA declara que los casi 8000 cubanos que han activado sus cuentas de teléfonos móviles en las últimas semanas han llegado a ser expertos en su uso. En su página Web ETECSA afirma que los clientes han aprendido a usar tarjetas SIM, a activar números PIN, y a bajar timbres a través de líneas operadas por ETECSA, ir a cualquier oficina de ETECSA, o ver las instrucciones en la página Web de la empresa estatal.
La intención es generar nuevos ingresos para el desarrollo sostenible de la infraestructura de las telecomunicaciones, y los móviles son caros para los clientes interesados. Ahora los contratos se prepagan en pesos convertibles, normalmente usados por los turistas, que valen 24 veces más que los pesos normales que ganan los empleados del estado. Wired afirma que, en dólares americanos, el costo es $120—el sueldo de seis meses de un cubano.
ETECSA asegura que el programa permitirá en un futuro inmediato más compras de móviles en pesos cubanos normales.
Esta nueva libertad es una sorpresa para muchos cubanos a quienes Fidel Castro les repetía que la penetración al bloqueo de información a través del contacto con extranjeros era la manera más efectiva de destruir la dictadura. Según afirma Freedom House en su informe “Freedom in the World 2007”, Fidel aumentó las condenas para las personas que mantuvieran contactos no autorizados con los Estados Unidos y para los que tuvieran acceso a información “subversiva” sobre democracia y otros documentos de agencias de noticias extranjeras, después de intensificar la legislación contra la sedición en febrero de 1999.
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