La Red Nacional de Jornaleros y el DACA para jornaleros 

“Los trabajadores que tienen una queja laboral y ponen la denuncia con el Departamento de Labor, van a poder hacerle una petición para una carta de apoyo. Y con esa carta de apoyo del DOL van a poder pedirle al Departamento de Seguridad Nacional una acción diferida o algún tipo de protección migratoria. Esto es muy importante ya que están reconociendo por primera vez que el departamento de labor tiene el poder para proteger a los trabajadores de las amenazas y represalias que usan los patrones para asegurar que los trabajadores no denuncien cuando sus derechos son violados. Se podría decir que es similar a algún DACA para trabajadores abusados”, dice Nadia Marin-Molina, co-presidente ejecutiva de la NDLON (ndlon.org), sobre la política anunciada en forma de preguntas frecuentes por el DOL (bit.ly/DOLFAQjornaleros).

¿Qué tipos de abusos? Janeth Hernández de Obreros Unidos de Yonkers explica que “no se habla solamente de abusos verbales, sino físicos. Hemos tenido casos de abuso físico en los lugares de trabajo, abuso psicológico, explotación. Cuando trabajan horas extras y no son reconocidas, eso es un abuso laboral. También cuando un trabajador pide un equipo de protección y no lo recibe, también es abuso del empleador. Hay una variedad de abusos en los lugares de trabajo y los vemos a diario en los centros de trabajadores, y muchas veces nos sentimos frustrados al no poder tener una ley o una política que realmente ayude al trabajador a denunciar. Esta es una gran puerta”.

El caso de Juan Segundo

Recientemente en La Voz con Mariel Fiori en Radio Kingston, Juan Segundo compartió su historia de abuso: robo de salario en el área de la construcción. Un contratista anunció un trabajo y Juan se contactó con él por internet. Desde el principio Juan notó detalles que no cuadraban: “Él no tiene mucha gente trabajando con él, creo que tiene muy poca credibilidad”. Igual Juan fue a trabajar “y todo empezó muy bien el lunes y el martes, pero él ya quería terminar el miércoles. Estábamos trabajando en el piso de un apartamento grande que era imposible de terminar tan pronto”. En realidad, sí se podía, aclara Juan, pero haciéndolo todo mal, mediocremente: “Y él me dijo: Está bien, no te preocupes no pasa nada. Yo terminé el trabajo al día siguiente. El dueño de la propiedad vio el trabajo y pues la verdad no le gustó. Decía que nuestro trabajo no estaba bien y empezó a discutir con mi patrón. La única solución era repetir todo otra vez. Así que el sábado trabajé solo, para empezar la siguiente semana el lunes, igual solo martes y miércoles. Y él quería que yo terminara el miércoles, pero cuando el dueño vio mi trabajo el martes, estaba contento. Me dijo que estaba bien y que sabía que me iba a demorar más porque estaba consciente de que no era un trabajo fácil. Mi patrón me pedía fotos de lo que iba haciendo, a veces ni tiempo tenía de tomar fotos. El miércoles se molestó conmigo cuando me preguntó si había terminado, y le dije que no, que tal vez iba a terminar el jueves a mediodía. Yo estaba sólo y nadie me estaba ayudando, a lo que él respondió con insultos y sobrenombres. Obviamente yo no le podía contestar en el mismo tono, y tampoco lo quise hacer. Pero él me siguió mandando mensajes y tengo todas las pruebas aquí en mi teléfono”. Juan recibió pago por la primera semana de trabajo, pero no por los últimos cuatro días extra, sino que recibió insultos y amenazas, y hasta tuvo que ir a recuperar sus herramientas con el dueño de la propiedad. Gracias al trabajo de Janeth Hernández de Obreros Unidos, Juan Segundo pudo recuperar los días de trabajo impagos.

Marin-Molina apunta que este es un ejemplo de cómo alguien se podría beneficiar con la nueva política de DOL, pero “cada persona tendría que consultar también con un abogado de inmigración porque depende de su situación migratoria si es algo que se podría aplicar en su situación. Los patrones no puedan abusar o insultar a los trabajadores de esta forma. La idea es que los trabajadores indocumentados que estén en esta situación no tengan la amenaza de inmigración, que puedan denunciar y así recuperar sus salarios como es debido por la ley”.

El caso de Katia Valderrama

Katia Valderrama del Centro de Recursos de la Comunidad también fue víctima de robo de salario, en su caso por dos años y medio. “Trabajé en una compañía que hace impuestos dirigida al público de habla hispana, de lunes a domingo por un promedio de 70 a 80 horas semanales sin descanso”. Y sin cobrar las horas extras, o tiempo y medio, que se deben pagar cuando se superan las 40 horas semanales de trabajo. “Yo era la persona que abría la oficina a las 8 de la mañana, y luego me iba a las 11 de la noche. No me da pena decir que esta compañía me pagaba sólo 10 dólares la hora en 2018. Yo desconocía el salario mínimo del estado por año y cuando en 2019 salí embarazada, conversé con el dueño de la compañía, que también es una persona hispana pero que se hizo ciudadano; me dijo que yo iba retornar al trabajo y que no iba a tener ningún inconveniente. En el 2020, la oficina cerró al público debido a la pandemia, pero seguí trabajando con el dueño y la gerenta, a puertas cerradas y por teléfono. Posteriormente, di a luz y cuando intenté regresar, los llamé, pero ya no me contestaban el teléfono. Al final el dueño me dijo que ya no iba a regresar al trabajo. Entonces me sentí muy indignada. Fui con mi bebé de dos meses de nacido a pedirle que me diera un trabajo de medio tiempo, aunque sea, pero el jefe ni siquiera me recibió. Esto fue lo que me impulsó a denunciar este maltrato por parte del dueño. El tener ya un bebé en brazos hace que los jefes te traten de manera diferente. Eso se llama discriminación. Llegué al Community Resource Center y me ayudaron en el área legal, y también a ingresar una solicitud al departamento de trabajo con todas las cosas que necesitaba”. Katia había guardados sus cheques y los reportes que demostraban que había sido una trabajadora estable en esa compañía. Su solicitud llegó al departamento de trabajo y al mes recibió un número de seguimiento de su reclamo. Después tuvo una serie de largas entrevistas telefónicas (en pleno COVID-19) con un oficial de cumplimiento para preguntas del caso. Cuenta Katia que “luego me dijeron que tenía que esperar la siguiente resolución, una reunión informal con el dueño y un mariscal. Llegó ese día, y el mariscal me dijo muy claramente antes de iniciar la conversación que no me sintiera menos ni que tuviera temor a represalias. Yo sentía miedo porque tengo un bebé y soy madre soltera. El mariscal explicó que este caso no debería pasar a otra instancia mayor porque consideraba firmemente que tenía las pruebas necesarias para resolverlo ahí. Entonces llegamos a un acuerdo económico con el dueño, que fue muy alto. En diciembre del año pasado mi caso salió favorable. En marzo el departamento de trabajo me dio la razón. Mi caso actualmente no está cerrado porque el dueño todavía me está pagando”.

Marin-Molina reflexiona que “una de las estrategias que usan los empleadores es desvalorizar el trabajo, al ser humano, al trabajador. Es un ataque psicológico. Una de las protecciones es tener estos espacios para educar a los trabajadores sobre sus derechos. Hay muchas protecciones y les digo que tengan ese valor de denunciar, porque tenemos que salir de la sombra. Tenemos que romper ese miedo y ese silencio”.

La campaña DALE

A través de la campaña DALE (Desde Abajo Labor Enforcement) los miembros de NDLON han tenido reuniones con OSHA, el DOL, y organizado protestas y manifestaciones por muchas ciudades del país. Y es que a pesar de la política anunciada por el DOL, Marin-Molina dice que “todavía falta una política escrita similar por parte del departamento de seguridad nacional, que ponga ese proceso por escrito y lo haga accesible. Ahora se necesitan las voces de cientos de trabajadores y eventualmente de miles. Esto tiene que ser algo donde todo trabajador se da cuenta de que es parte de sus derechos”.  El lema de la campaña DALE es: Si aceptan nuestro trabajo, deben aceptar nuestra humanidad.

La lucha sigue.
 

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