Cultura y noticias hispanas del Valle del Hudson
Bolivia y el ataque empedernido de la derecha
Por Martha Tepepa
July 2022Según el informe del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile (CEIUC) para América Latina: “Los niveles de incertidumbre, volatilidad, riesgo político y polarización se mantendrán altos. Por su parte, el populismo, el sentimiento anti-élite y el nativismo xenófobo seguirán presentes y la combinación de todo ello hará la gobernanza crecientemente compleja…en América Latina se ha configurado una triple crisis: de gobernabilidad, con las democracias cada vez bajo mayor tensión; de expectativas, con una ciudadanía más exigente e impaciente, sin una economía que acompañe el 2022; y de certezas, con mayores niveles de incertidumbre política, la incógnita de las nuevas variantes de la pandemia y estados con menor margen fiscal”.
El tema de los reportes es dar un pronóstico, no una historia. Pero no estaría mal mencionar lo que nos llevó a donde estamos. Ninguna de las publicaciones (de CEIUC o The Independent) menciona las condiciones que han permitido el paso a la indignación de las clases más afectadas por las continuas crisis (lo llaman sentimiento anti-élite). Tampoco mencionan el trato preferencial a las trasnacionales y empresas extranjeras en detrimento y claro despojo de las comunidades indígenas (lo llaman nativismo xenófobo).
Mencionan que hay un problema de gobernabilidad cuando han sido las políticas neoliberales que apoyan las que han permitido vaciar las arcas de los gobiernos llevándose las ganancias extraordinarias de las compañías transnacionales, dejando sin recursos la implementación de políticas de salud, de educación y de vivienda.
Igualmente ningún reporte señala al Fondo Monetario Internacional. Pareciera que sufren de amnesia y no recuerdan que muchos de los autores de los reportes fueron asesores de los gobiernos que firmaron acuerdos de préstamos con esa institución. Bajo condiciones desfavorables que exigen la implementación de reformas estructurales que han desmantelado los sistemas de salud pública y destruido la infraestructura pública.
Ya quedó claro que las reformas no funcionaron pues no cumplieron lo que prometieron. Aún así, siguen empujando “reformas institucionales urgentes para los nuevos tiempos que incorporen criterios de inclusión, eficiencia, transparencia y gobernabilidad”.
Las sociedades que describen como impacientes, desconfiadas y golpeadas por la emergencia sanitaria, son en realidad víctimas del capitalismo voraz que prefiere salvar economías y ganancias en vez de vidas humanas. Víctimas de guerras e intervenciones que se inventan en congresos extranjeros, y que son negocio redondo de un sólo país, los Estados Unidos.
Curiosamente, entre los países que se consideran democracias exitosas (Uruguay, Chile y Costa Rica), no se encuentra el país que quizá sea el más destacado de América Latina: Bolivia.
BOLIVIA
Consciente del riesgo de ser criticada por usar el enfoque del caudillo, me atrevo a proponer que la historia contemporánea de Bolivia se divide en ANTES y DESPUÉS de Evo Morales.
Antes de la asunción de Evo Morales en 2006, unos cuantos bolivianos y extranjeros poseedores del capital explotaban a los aymaras, quechuas, guaraníes y a otros pueblos originarios que conforman el universo boliviano. Las comunidades indígenas y campesinas estaban totalmente marginadas.
El 90% de la población rural vivía en la pobreza y Bolivia, junto a Honduras y Haití tenía los peores índices de desarrollo humano en la región.
Las empresas con gobiernos oligarcas desde 1952 se fueron convirtiendo en privadas, y todos los presidentes de turno hicieron fortuna hipotecando el bienestar de las personas y los bienes de la nación que debían proteger. La profunda pobreza era económica, con falta de oportunidades de acceso al conocimiento, a la salud y a la información.
Las reformas de la década de los 1980 reestructuraron la agricultura y la economía en función de la competencia internacional y terminaron de desmembrar las comunidades de la sierra y de debilitar las instituciones sociales indígenas.
En Bolivia, como en el resto de los países de América Latina, la presencia de los Estados Unidos ha sido una constante. La Declaración de Cartagena, firmada en 1990, refleja la intervención abierta y “justificada” de los Estados Unidos bajo la consigna de que el comercio internacional de droga constituía una amenaza para la Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El convenio, firmado por los gobiernos de Estados Unidos, Bolivia, Perú y Colombia, formalizó lo que ya ocurría por décadas: la militarización de amplias zonas rurales patrulladas por militares estadounidenses.
En Bolivia la guerra de baja intensidad contra productores cocaleros trajo un ciclo de violencia militar y fuerte resistencia campesina. El Estado boliviano estigmatizó y criminalizó a los campesinos acusándolos de “narcotraficantes”, “guerrilleros”, “narcoterroristas” y escudándose en la guerra contra las drogas buscaron eliminar a las organizaciones cocaleras.
A la par de esta intervención militar, se había puesto en marcha un ajuste estructural de la economía, mediante el achicamiento del gasto público, el cierre de empresas estatales, los despidos masivos y un proceso incipiente de privatizaciones. En esta terapia de choque económico los gobiernos exponen la necesidad de mejorar rápidamente la economía de un país a través de una rápida privatización, desregulación y severos recortes en el gasto público. Un sistema privatizado de destrucción y reconstrucción que canaliza miles de millones de dólares a los bolsillos corporativos mientras utiliza tácticas de represión en contra de los grupos sociales que se resisten o se atraviesan en el camino de las medidas de reestructuración.
Sin embargo, en vez de permanecer estáticos e inmóviles, la resistencia cocalera tomó fuerza. En enero del 2000, ante el plan de privatizar el sistema público de agua potable para otorgarle una concesión a una multinacional estadounidense, estalló una fuerte resistencia civil en Cochabamba. Después de tres meses de huelgas y movilizaciones se logró echar atrás el proyecto privatizador.
La irrupción en la vida política nacional y los espacios conquistados por líderes comunitarios indígenas, agrarios y cocaleros provocó la abierta intromisión de la Embajada estadounidense en las elecciones de 2002. El candidato de la “derecha” y el presidente que impuso la política neoliberal, Gonzalo Sánchez de Lozada, obtuvo el 22,5% y Evo Morales, un líder comunitario, el 21%.
Otro triunfo fue contra el intento de vender el gas a través de puertos chilenos en septiembre del 2003. Las protestas en las zonas andinas que incluyeron bloqueos de comunicaciones entre El Alto y La Paz fueron reprimidas por Sánchez de Lozada, resultando en la muerte de 67 manifestantes. El mandatario que hablaba mejor inglés que español huyó cuatro días después en helicóptero a una cómoda estancia en los Estados Unidos.
Carlos Mesa, su vicepresidente, lo reemplazó. Grupos cercanos a Evo Morales convocaron a nuevas manifestaciones que forzaron la renuncia de Mesa. En su lugar asumió Eduardo Rodríguez Veltzé, quien llamó a elecciones. Evo, el líder opositor, el amante de los partidos de fútbol, el cocalero, ganó esas elecciones con el 53,7 por ciento de los votos.
Con la elección de Evo Morales en el 2006, Bolivia inició un programa contrario al imperante durante los últimos 20 años. La justicia social fue la clave para la presidencia de Evo mediante la distribución equitativa de la riqueza del país.
La Constitución adoptada en el 2009 expresó el anhelo de una Bolivia plurinacional, crítica del “Estado colonial” y de la democracia liberal y burguesa. Reconoce los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad, que habían sido ignorados durante décadas, así como expresa la inclusión social y política de los pueblos originarios y campesinos.
El programa económico y social de Evo Morales y del Movimiento al Socialismo (MAS) logró transformar a Bolivia en una de las naciones con mayor desarrollo de la región. Bolivia fue una de las naciones con mayor crecimiento económico de la región tras la nacionalización de la industria de hidrocarburos. Además de la nacionalización de empresas, se renegociaron los acuerdos comerciales lo cual permitió aumentar los ingresos fiscales a través de impuestos a las empresas transnacionales que hasta ese entonces gozaban de exenciones y pagaban muy poco o nada de impuestos en Bolivia.
El gobierno de Evo se extendió hasta el 10 de noviembre de 2019, cuando fue desalojado del poder mediante un golpe de Estado. La OEA y el entonces el gobierno de Trump jugaron un papel bochornoso justificando la intervención a través de argumentos legales para cuestionar la validez de las elecciones. Una táctica que ha sido usada repetidamente por la derecha y sus aliados conservadores en la región.
Evo pidió asilo político primero en México y después en Argentina. Pero regresó triunfante tras la victoria de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), y de Luis Arce en las elecciones generales de octubre de 2019.
Así, en 2022 Bolivia celebra 13 años de la fundación del Estado Plurinacional. Pareciera un final feliz. Pero no es así.
La derecha representada por las empresas trasnacionales, algunos analistas académicos, medios de comunicación e incluso funcionarios diplomáticos, no se da por vencida. Los operativos de propaganda, desinformación, represión y obstrucción política seguirán.
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Mencionan que hay un problema de gobernabilidad cuando han sido las políticas neoliberales que apoyan las que han permitido vaciar las arcas de los gobiernos llevándose las ganancias extraordinarias de las compañías transnacionales, dejando sin recursos la implementación de políticas de salud, de educación y de vivienda.
Igualmente ningún reporte señala al Fondo Monetario Internacional. Pareciera que sufren de amnesia y no recuerdan que muchos de los autores de los reportes fueron asesores de los gobiernos que firmaron acuerdos de préstamos con esa institución. Bajo condiciones desfavorables que exigen la implementación de reformas estructurales que han desmantelado los sistemas de salud pública y destruido la infraestructura pública.
Ya quedó claro que las reformas no funcionaron pues no cumplieron lo que prometieron. Aún así, siguen empujando “reformas institucionales urgentes para los nuevos tiempos que incorporen criterios de inclusión, eficiencia, transparencia y gobernabilidad”.
Las sociedades que describen como impacientes, desconfiadas y golpeadas por la emergencia sanitaria, son en realidad víctimas del capitalismo voraz que prefiere salvar economías y ganancias en vez de vidas humanas. Víctimas de guerras e intervenciones que se inventan en congresos extranjeros, y que son negocio redondo de un sólo país, los Estados Unidos.
Curiosamente, entre los países que se consideran democracias exitosas (Uruguay, Chile y Costa Rica), no se encuentra el país que quizá sea el más destacado de América Latina: Bolivia.
BOLIVIA
Consciente del riesgo de ser criticada por usar el enfoque del caudillo, me atrevo a proponer que la historia contemporánea de Bolivia se divide en ANTES y DESPUÉS de Evo Morales.
Antes de la asunción de Evo Morales en 2006, unos cuantos bolivianos y extranjeros poseedores del capital explotaban a los aymaras, quechuas, guaraníes y a otros pueblos originarios que conforman el universo boliviano. Las comunidades indígenas y campesinas estaban totalmente marginadas.
El 90% de la población rural vivía en la pobreza y Bolivia, junto a Honduras y Haití tenía los peores índices de desarrollo humano en la región.
Las empresas con gobiernos oligarcas desde 1952 se fueron convirtiendo en privadas, y todos los presidentes de turno hicieron fortuna hipotecando el bienestar de las personas y los bienes de la nación que debían proteger. La profunda pobreza era económica, con falta de oportunidades de acceso al conocimiento, a la salud y a la información.
Las reformas de la década de los 1980 reestructuraron la agricultura y la economía en función de la competencia internacional y terminaron de desmembrar las comunidades de la sierra y de debilitar las instituciones sociales indígenas.
En Bolivia, como en el resto de los países de América Latina, la presencia de los Estados Unidos ha sido una constante. La Declaración de Cartagena, firmada en 1990, refleja la intervención abierta y “justificada” de los Estados Unidos bajo la consigna de que el comercio internacional de droga constituía una amenaza para la Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El convenio, firmado por los gobiernos de Estados Unidos, Bolivia, Perú y Colombia, formalizó lo que ya ocurría por décadas: la militarización de amplias zonas rurales patrulladas por militares estadounidenses.
En Bolivia la guerra de baja intensidad contra productores cocaleros trajo un ciclo de violencia militar y fuerte resistencia campesina. El Estado boliviano estigmatizó y criminalizó a los campesinos acusándolos de “narcotraficantes”, “guerrilleros”, “narcoterroristas” y escudándose en la guerra contra las drogas buscaron eliminar a las organizaciones cocaleras.
A la par de esta intervención militar, se había puesto en marcha un ajuste estructural de la economía, mediante el achicamiento del gasto público, el cierre de empresas estatales, los despidos masivos y un proceso incipiente de privatizaciones. En esta terapia de choque económico los gobiernos exponen la necesidad de mejorar rápidamente la economía de un país a través de una rápida privatización, desregulación y severos recortes en el gasto público. Un sistema privatizado de destrucción y reconstrucción que canaliza miles de millones de dólares a los bolsillos corporativos mientras utiliza tácticas de represión en contra de los grupos sociales que se resisten o se atraviesan en el camino de las medidas de reestructuración.
Sin embargo, en vez de permanecer estáticos e inmóviles, la resistencia cocalera tomó fuerza. En enero del 2000, ante el plan de privatizar el sistema público de agua potable para otorgarle una concesión a una multinacional estadounidense, estalló una fuerte resistencia civil en Cochabamba. Después de tres meses de huelgas y movilizaciones se logró echar atrás el proyecto privatizador.
La irrupción en la vida política nacional y los espacios conquistados por líderes comunitarios indígenas, agrarios y cocaleros provocó la abierta intromisión de la Embajada estadounidense en las elecciones de 2002. El candidato de la “derecha” y el presidente que impuso la política neoliberal, Gonzalo Sánchez de Lozada, obtuvo el 22,5% y Evo Morales, un líder comunitario, el 21%.
Otro triunfo fue contra el intento de vender el gas a través de puertos chilenos en septiembre del 2003. Las protestas en las zonas andinas que incluyeron bloqueos de comunicaciones entre El Alto y La Paz fueron reprimidas por Sánchez de Lozada, resultando en la muerte de 67 manifestantes. El mandatario que hablaba mejor inglés que español huyó cuatro días después en helicóptero a una cómoda estancia en los Estados Unidos.
Carlos Mesa, su vicepresidente, lo reemplazó. Grupos cercanos a Evo Morales convocaron a nuevas manifestaciones que forzaron la renuncia de Mesa. En su lugar asumió Eduardo Rodríguez Veltzé, quien llamó a elecciones. Evo, el líder opositor, el amante de los partidos de fútbol, el cocalero, ganó esas elecciones con el 53,7 por ciento de los votos.
Con la elección de Evo Morales en el 2006, Bolivia inició un programa contrario al imperante durante los últimos 20 años. La justicia social fue la clave para la presidencia de Evo mediante la distribución equitativa de la riqueza del país.
La Constitución adoptada en el 2009 expresó el anhelo de una Bolivia plurinacional, crítica del “Estado colonial” y de la democracia liberal y burguesa. Reconoce los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad, que habían sido ignorados durante décadas, así como expresa la inclusión social y política de los pueblos originarios y campesinos.
El programa económico y social de Evo Morales y del Movimiento al Socialismo (MAS) logró transformar a Bolivia en una de las naciones con mayor desarrollo de la región. Bolivia fue una de las naciones con mayor crecimiento económico de la región tras la nacionalización de la industria de hidrocarburos. Además de la nacionalización de empresas, se renegociaron los acuerdos comerciales lo cual permitió aumentar los ingresos fiscales a través de impuestos a las empresas transnacionales que hasta ese entonces gozaban de exenciones y pagaban muy poco o nada de impuestos en Bolivia.
- El producto interno bruto creció 327 por ciento en 13 años y llegó a 44.885 millones de dólares en 2018. El mismo FMI reconocía a Bolivia como la economía con el mayor crecimiento económico, con proyecciones de hasta 4%.
- En el período 2006-2017, el ingreso anual per cápita pasó de 1.120 dólares a 3.130.
- En 2005 Bolivia era el segundo país con mayor nivel de deuda externa con el 52 por ciento del PIB. Para 2018, se convirtió en el séptimo país menos endeudado de Latinoamérica, con 24 por ciento de deuda.
- La pobreza extrema se redujo más de la mitad en la última década, pasando de 38 a 17 por ciento entre 2006 y 2017.
- La cifra de desempleo bajó de 8,1% a 4,2%.
- El modelo económico permitió que el 62% de la población tenga ingresos medios.
- Según la Organización Mundial de la Salud, el presupuesto en Sanidad se aumentó entre 2007 y 2014 un 173%, gracias al enfoque del Gobierno en la mejora de los derechos sociales.
- La esperanza de vida subió de 64 a 71 años.
- El alcance de las instalaciones de gas a domicilio se extendió a más de 8.000 hogares.
El gobierno de Evo se extendió hasta el 10 de noviembre de 2019, cuando fue desalojado del poder mediante un golpe de Estado. La OEA y el entonces el gobierno de Trump jugaron un papel bochornoso justificando la intervención a través de argumentos legales para cuestionar la validez de las elecciones. Una táctica que ha sido usada repetidamente por la derecha y sus aliados conservadores en la región.
Evo pidió asilo político primero en México y después en Argentina. Pero regresó triunfante tras la victoria de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), y de Luis Arce en las elecciones generales de octubre de 2019.
Así, en 2022 Bolivia celebra 13 años de la fundación del Estado Plurinacional. Pareciera un final feliz. Pero no es así.
La derecha representada por las empresas trasnacionales, algunos analistas académicos, medios de comunicación e incluso funcionarios diplomáticos, no se da por vencida. Los operativos de propaganda, desinformación, represión y obstrucción política seguirán.
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Comentario: Muy informativo artículo con importantes detalles. En el marco expuesto en
este artículo, es bueno recordar la experiencia de Chile bajo Salvador Allende.
Las reformas y la llamada democracia burguesa tienen límites impuestos por los
intereses del gran capital. De ser necesario, las clases gobernantes prefieren
una dictadura que perder el poder político y económico. En Chile las fuerzas
derechistas, con ayuda abierta y también encubierta de Estados Unidos,
organizaron el golpe que puso a Pinochet en el poder, desatando una guerra
violenta contra el pueblo. Por eso es necesaria una verdadera revolución
socialista que reemplaza al Estado--o sea el ejército, la policía y todas las
fuerzas represivas, para poder garantizar la defensa de la voluntad política del
pueblo, la mayoría, que produce la riqueza del país y tiene todo derecho de
gobernarlo. Posted: 7/10/2022 |
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