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Corte del Condado de Ulster, foto de Phillip Pantuso.
Corte del Condado de Ulster, foto de Phillip Pantuso.

El ataque a la reforma de la libertad bajo fianza de Nueva York

Por Steven Yoder
March 2022
La policía y los fiscales sostienen que los cambios en el sistema de fianzas del estado están provocando más delitos violentos. Pero ignoran a la mayoría de las personas a las que ayuda la nueva ley.
Para aquellos que lucharon para que se aprobara la ley de reforma de las fianzas de Nueva York en abril de 2019, una idea simple era primordial: las personas acusadas de un delito no deberían ser encarceladas solo porque son pobres. La ley eliminó la prisión preventiva y la fianza monetaria para la mayoría de los delitos menores y delitos graves no violentos en un intento por crear un sistema de justicia penal más justo, ya que aquellos que no pueden pagar la fianza pierden el trabajo, la vivienda y, a veces, la custodia de los niños.

La fianza monetaria es un depósito reembolsable que un juez puede exigir que una persona acusada de un delito pague para ser liberada (un incentivo para que el acusado se presente en el tribunal). Pero los estudios indican que sirve principalmente para encarcelar a los pobres que no pueden pagar. Un estudio nacional del 2016 de la Prison Policy Initiative a favor de la reforma encontró que aquellos que estaban en la cárcel porque no podían pagar la fianza tenían un ingreso anual promedio de alrededor de $15,000. En marzo del 2019, un mes antes de que la legislatura estatal aprobara la reforma de la fianza, 125 de las 243 personas en la cárcel en el condado de Ulster estaban detenidas sin juicio previo.

Laurie Dick abogada defensora de Legal Aid Society, vive en Beacon y ejerce en Brooklyn. En el verano del 2020, uno de sus clientes, lo llamaremos "Jeff" para proteger su privacidad, estaba reconstruyendo su vida después de quedarse sin hogar. Se había mudado de un refugio a una vivienda independiente subsidiada y había conseguido un nuevo trabajo en Shake Shack. Una tarde, regresaba del trabajo a su casa cuando se bajó del tren en Brooklyn y la policía lo detuvo. Le dijeron a Jeff, hombre afroamericano, que encajaba en la descripción de una persona que supuestamente había cometido un robo, arrebatando una cadena a alguien, a unas cuadras de distancia.

Jeff insistió en que era inocente, incluso ofreció que los oficiales revisaran sus bolsas, dice Dick. La policía trajo a la víctima, que era de tez blanca, para que les diga si Jeff era el perpetrador. La víctima dijo que sí, identificándolo a través de la ventana de un auto con Jeff rodeado de policías.

Cuando Dick conoció a Jeff en el juzgado, lo primero que él le pidió fue si podía llamar a su jefe para explicarle que llegaría tarde a su trabajo. También le dio detalles de sus movimientos el día del presunto crimen. Dick solicitó videos de una farmacia por la que Jeff había pasado en camino de la estación y de la salida de la misma estación. Ambos demostraron que no pudo haber estado en la escena del robo. Aún así, no fue hasta varias semanas más tarde que se desestimaron los cargos.
En total, el caso tardó cuatro meses en resolverse. La nueva ley de libertad bajo fianza de Nueva York requería que Jeff fuera liberado antes del juicio. Tenía poco dinero y ninguna familia que lo ayudara. Si el juez hubiera fijado una fianza, Jeff no habría podido pagarla y hubiera quedado encarcelado. A consecuencia, habría perdido su trabajo y posiblemente su vivienda.
En cambio, hoy es gerente de Shake Shack después de conseguir un ascenso. “Esto no lo descarriló”, dice Dick. “Y muy bien podría haberlo hecho”.

Las fuerzas antirreformistas ganan terreno

Eso no es lo que se escucha de muchos políticos, fiscales y grupos encargados de hacer cumplir la ley, quienes han declarado que la ley de libertad bajo fianza revisada del estado está socavando la seguridad pública. Los datos no lo confirman: los delitos violentos en Nueva York aumentaron un 1 por ciento del 2019 al 2020, el último año de datos estatales. Y aunque ciertas categorías se han disparado, incluidos los asesinatos en un 47 por ciento y los asaltos con armas en un 5 por ciento, también lo refleja las tendencias a nivel nacional. Estados como Montana y Kentucky, que no se vieron afectados por la reforma de las fianzas, tuvieron aumentos de homicidios que superaron el 60 por ciento.
Pero en dos elecciones de noviembre pasado para fiscal de distrito en Long Island que se convirtieron en referéndums sobre la reforma de la fianza, los demócratas. Y el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo en campaña que los jueces deberían fijar fianzas con más frecuencia. Antes y después de su elección, Adams ha dicho que los demócratas deberían revisar la ley de fianzas.

Lo que está en juego

Los defensores de la reforma dicen que lo que no aparece en los titulares son los hogares y los vecindarios que son más seguros porque las personas tienen libertad para ir a trabajar y cuidar de sus familias. Pero están en desventaja al contar esas historias porque las personas como Jeff son reacias a hacerlas públicas por temor a perjudicar sus perspectivas laborales y de vivienda. Y si sus casos están pendientes y su libertad aún está en peligro, menos van a hablar, dice Dick.
En este debate hay mucho en juego: los cambios en las fianzas de Nueva York podrían ser los de mayor alcance hasta el momento, y la industria de las fianzas y los opositores a las fuerzas del orden lo citan como un fracaso en otros estados donde se está considerando la reforma legislativa.

También están en juego las vidas de los neoyorquinos menos acomodados, incluyendo personas como Jeff que son inocentes. Pero también incluye a aquellos que cometen un crimen no violento y son liberados. Mientras están libres, tienen la oportunidad de demostrar que pueden mantenerse en el camino correcto, lo que afecta su sentencia.
“Las personas a las que represento son personas pobres”, dice Joel Proyect, abogado de defensa criminal y derecho de familia y exfiscal que ejerce en seis condados del centro del Valle del Hudson. A veces luchan con el empleo y con vidas familiares inestables, dice. Pero si son acusados ​​y puestos en libertad, “puede afectar el resultado de sus casos al entrar en tratamiento por drogas, si hay un problema de drogas o alcohol. Pueden limpiarse solos. Pueden llevar una buena vida”. Si lo hacen, afecta favorablemente a la sentencia de un juez, como debería ser, dice.

Lo que muestran los datos

Por el contrario, varios estudios sugieren que estar tras las rejas en realidad aumenta la posibilidad de un futuro delito. Un estudio del 2017 en el Journal of Law and Economics analizó casi un millón de casos penales de la ciudad de Nueva York entre el 2009 y el 2013: los que estaban en la cárcel antes del juicio tenían entre un 8 y 12 por ciento más de probabilidades de ser arrestados nuevamente en los próximos dos años que aquellos que no lo estaban.

Los datos estatales de liberación previa al juicio tampoco respaldan la idea de que la reforma de la fianza está impulsando los delitos violentos. En el condado de Ulster, solo el 1,67 por ciento de los liberados después de un arresto fueron arrestados nuevamente por un delito grave violento antes del juicio, según un análisis de The River de datos que abarcan desde enero del 2020 hasta junio del 2021 (el último disponible).

Y los datos indican que la reforma de la fianza puede estar logrando lo que ha sido el único uso permitido de la fianza en Nueva York: garantizar que los acusados ​​comparezcan ante los tribunales. Los datos de los tres condados (Albany, Westchester y Ulster) muestran que entre el 85 y el 88 por ciento de los liberados después del arresto se presentaron para el juicio.

Ciertos derechos inalienables

El tiempo dirá si los demócratas de Nueva York cederán ante la presión de las fuerzas del orden público y los medios favorables a los policías. La reforma de la justicia penal es más fácil de lograr cuando el crimen baja y más difícil de defender cuando aumenta.

Los fiscales principales de los condados de Ulster y Sullivan, David Clegg y Meagan Galligan, quienes se postularon como demócratas, no respondieron a las solicitudes de comentarios de The River sobre la reforma de la fianza, ni tampoco la senadora estatal Michelle Hinchey.

Pero aquellos que representan a acusados ​​en su mayoría pobres tienen claro lo que creen que ha hecho la ley. “Este es verdaderamente el espíritu de la Constitución”, dice Gary Abramson, abogado jefe de la Legal Aid Society del Condado de Orange. “Creo que es lo que pretendía la Constitución cuando hablaba del derecho a la libertad bajo fianza. La liberación previa al juicio para los acusados ​​de un delito no violento es un beneficio para todos los que creen en la libertad.”

*Traducido por Erica Costalonga
*Adaptado del originalmente publicado en inglés por The River



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