Desalojo por Buena Causa

El problema de la escasez de vivienda asequible nos viene aquejando antes de la pandemia, aunque todo se exacerbó con la susodicha. La organización Justicia de la Vivienda para todes (housingjusticeforall.org) dice que hoy 92 mil personas no tienen techo en el estado de Nueva York, y antes de la pandemia unas cien familias eran desalojadas por día. “Los desalojos son una causa, no un efecto de la pobreza” dice la organización, ya que impactan en los niños al interrumpir la educación, al igual que en la estabilidad laboral y la salud.  

Pero los precios de la vivienda suben. Según un informe de la organización Hudson Valley Pattern for Progress, en los condados de Columbia y Greene el precio medio de venta aumentó 40 por ciento en el ultimo año. En el condado de Sullivan aumentó 31 por ciento y 25 por ciento en los condados de Ulster y Dutchess. En 2018, el 58 por ciento de los inquilinos de la ciudad de Poughkeepsie pagaban más del 30 por ciento de sus ingresos para la vivienda, la definición federal de inasequible. En condado de Ulster los últimos estudios revelan peores noticias: casi la mitad de los inquilinos gastan más del 50 por ciento de sus ingresos en vivienda. Y en los últimos 10 años los alquileres aumentaron un 16 por ciento, mientras que el ingreso familiar medio de los inquilinos disminuyó en un 1 por ciento.

Mientras tanto, se volvió a extender la moratoria de desalojos hasta enero de 2022. Los inquilinos atrasados con sus pagos tienen ahora más tiempo de mirar sus opciones. Por ejemplo, pueden solicitar ayuda del programa ERAP que cuenta con $2,700 millones para pagar hasta 12 meses de renta atrasada a quienes califiquen por ingresos, independientemente de su estatus migratorio. Citizen Action de NY nos recuerda que es un delito menor que un propietario intente desalojar ilegalmente a un inquilino por cualquier medio (acoso verbal, cambio de cerraduras, etc.).

¿Qué más se puede hacer? Había un proyecto de ley en la legislatura del estado, el desalojo por causa justificada, S2892 presentado por la senadora Julia Salazar, y A05030, presentado por la asambleísta Pamela Hunter, que hubiera otorgado a todos los inquilinos en el estado de Nueva York el derecho a renovar el contrato de arrendamiento y proteger contra aumentos de alquiler desmedidos. Y es que en la actualidad al terminarse un contrato de alquiler, el propietario tiene el derecho de decirle al inquilino actual: el nuevo contrato son $300 más, (o $500 más, lo que quiera). Si la persona no puede pagar un precio nuevo, pues el aumento de $300 equivale en la práctica a un desalojo extrajudicial. En el sistema económico capitalista, el propietario no tiene ningún incentivo para no subir el alquiler. Se necesita la protección de la ley para los más vulnerables.

Desafortunadamente ese proyecto de ley no fue aprobado y por eso ahora está en manos de las localidades el hacer algo al respecto. En el pueblo de New Paltz el 73 por ciento de sus habitantes son inquilinos. New Paltz sería el tercer municipio del estado en perseguir una ley de desalojo por “Buena causa”. A mediados de julio la ciudad de Albany aprobó una ley que otorga a los inquilinos la posibilidad de renovar el contrato de arrendamiento y protección contra grandes aumentos de alquiler y desalojos, a menos que los propietarios puedan cumplir con una de las 10 condiciones posibles para desalojar a un inquilino ⎯como no pagar el alquiler, negar el acceso del propietario para hacer las reparaciones necesarias o realizar actividades ilegales en las instalaciones.
 

Hudson, en el condado de Columbia, introdujo una ley similar el 9 de agosto con el apoyo del alcalde Kamal Johnson. Como la ley de Albany, Hudson propone que un inquilino no pueda ser desalojado por falta de pago del alquiler si el alquiler ha aumentado más del 5 por ciento anual. Las ciudades de Kingston y Poughkeepsie andan por el mismo camino; incluso el condado de Ulster busca pasar una legislación similar. 

Según la organización Nobody Leaves Mid-Hudson, que está trabajando para que la ley de desalojo por buena causa sea aprobada en municipalides del Valle del Hudson, hay 5,5 millones de hogares en nuestro estado sin protección contra el desalojo. Además, el desalojo por causa justificada les da a los inquilinos el derecho a seguir viviendo en sus hogares independientemente del estado del contrato de arrendamiento, lo que les permite exigir condiciones de vida seguras y reparaciones al propietario sin temor a represalias.

El desalojo por buena causa es una ley necesaria en nuestras comunidades.