Cultura y noticias hispanas del Valle del Hudson
Escuela en vez de encierro
Para el tratamiento de adolescentes infractores a la ley
Por Carlos Vallejos
December 2019Mientras que, en países de América Latina, el debate en relación a los adolescentes infractores a la ley penal se centra en torno a la posibilidad de bajar la edad de punibilidad, en países como Holanda, Suecia y Noruega las instituciones de encierro tienden a desaparecer, los edificios que antiguamente oficiaban como cárceles son reciclados como hoteles, shoppings o destinados para otros quehaceres asistenciales.
En Latinoamérica no se cierran instituciones de encierro para adolescentes, por el contrario, las estadísticas enuncian año tras año el aumento de los casos.
En Argentina, donde el debate ha cobrado mayor fuerza, la edad de punibilidad inicia a los 16 años considerándose a partir de allí a un sujeto adolescente penalmente responsable. En tanto, alejados del debate se encuentran países como Perú, México o Panamá donde se considera punible a los adolescentes a partir de los 12 años (si es que podemos hablar de adolescencia en esta corta edad). Lo que queda claro es que en la edad en que circulan por instituciones penales deberían estar circulando por instituciones educativas.
Esta situación nos enfrenta a una revisión, ya que la importante diferencia en materia penal juvenil con el viejo continente nos enuncia que indefectiblemente nuestro abordaje es ineficaz.
La caída de instituciones de encierro en países primermundistas nos obliga a preguntarnos ¿qué institución suple el quehacer de los centros de régimen cerrado o de libertad restringida en esa parte del mundo?
Revisando los modelos de acción, una de las posibles respuestas parece encontrarse en la escolarización y la profunda atención que prestan los países europeos para que los adolescentes permanezcan albergados por el sistema educativo aún en las situaciones más extremas.
Por ejemplo, en Alemania los tribunales de menores marcarán la modalidad y duración de la pena en torno a la necesidad educativa de cada joven delincuente.
En los países bálticos la inclusión dentro del sistema penal juvenil incluye prioritariamente su reinserción en sistemas educativos y las intervenciones se orientan fundamentalmente a que se restituya el lazo con la institución escolar.
En síntesis, la re-inclusión dentro del ámbito escolar es prioritaria en los países de la Unión Europea, proveyendo el Estado los recursos para que esto sea posible. La ley se aplica en tanto existen las condiciones socio económicas que garanticen estas prácticas.
En el marco de la investigación llevada en Argentina, llamada “Vivencias subjetivas de la escolarización en contexto de encierro” (Vallejos, C. 2018, Universidad de la Marina Mercante) se realizó un importante rastreo sobre la experiencia de jóvenes infractores a la ley penal que habían transitado por la escolarización en contextos de encierro en la capital de este país, intentando conocer también cómo había sido su escolarización previa al inicio de su accionar delictivo.
El primer punto es que tanto en Argentina como en el resto del mundo en la población penal juvenil es donde existe mayor tasa de fracaso y posterior deserción escolar.
En esta población el alojamiento en la escuela como primer espacio socializador externo a la familia fracasa rápidamente y comienza a ser suplido por espacios de calle con grupos de pares en la misma situación. El saber que otorgaría la escuela es reemplazado por otros saberes ligados a la transgresión, de ahí en más la situación se encamina hacia un lugar poco promisorio.
En las entrevistas realizadas se observó que en los pocos casos que la escolarización previa al encierro fue exitosa, (aquellos que culminaron el ciclo primario en una edad inferior a los 14 años), se debió principalmente a un sostenido afán familiar asociado a la voluntad individual de un docente que alojó al joven en el lugar de alumno.
Los adolescentes que llevaron a cabo una escolarización óptima previa a su encierro pudieron adherirse al dispositivo escolar en el centro cerrado con mayor facilidad, a la vez que consideraban que el retomar sus estudios beneficiaría su posterior reinserción comunitaria.
En aquellos casos donde hubo deserción temprana el alojamiento escolar en el centro brindó más escollos, pero no resultó imposible.
La partición sujeto-sociedad nos habla de una diada que no puede pensarse por separado. El sujeto pugna por socializar, la ausencia de socialización es en nuestra sociedad solamente aceptada en casos excepcionales, sino se piensa como signo psicopatológico.
El niño y el adolescente necesitan de lugares sociales, los irá a buscar primeramente donde la sociedad le indica de acuerdo a su posición y si estos son inaccesibles buscará otros generalmente menos amables y más peligrosos.
A los adolescentes infractores la escuela no los ha alojado. Los mismos rápidamente se enmarcan en la población escolar de niños que no estudian, se portan mal o simplemente no entienden. La mirada de la escuela rápidamente se corre y acepta el abandono como opción sin hacerse demasiadas preguntas, dando lugar a la deserción escolar como camino posible.
Estos sujetos desertores vienen a denunciar una falla en el sistema, un sistema que enuncia ideales de igualdad pero que los expulsa de la trama social cuando no cumplen con los estándares esperados. Los adolescentes entrevistados comentan que su pasaje escolar previo a su detención siempre estuvo colmado de sanciones, bajas notas, y una sensación de que la escuela no era un lugar para ellos. Solo algunos hablan de instituciones escolares que los contenían y los albergaban a pesar de sus imposibilidades.
En América Latina se encuentra muy adherida a la idea de que la respuesta para los adolescentes infractores es el encierro y el castigo, a partir de allí surge la idea de bajar la edad de punibilidad como solución. Por más que ejemplos como Trinidad y Tobago con una baja edad de punibilidad a partir de los 7 años no ha resuelto aún el problema de la delincuencia. Los proyectos de la baja de edad no permiten pensar que los fondos y personal dedicado a cubrir esta nueva franja de población penal deberían estar destinados a mejorar y formar a los actores del sistema y crear nuevos espacios educativos para la detección temprana de niños con la necesidad de soluciones alternativas.
Mientras no exista en los países latinoamericanos una toma de conciencia que el encierro no es la solución la problemática se replicará a mayores niveles.
América Latina está muy lejos de cerrar sus macroinstituciones penales juveniles y modificar sus leyes, pero lo que sí se puede es profundizar en la necesidad de generar espacios de inclusión de los adolescentes en el sistema social y el punto de inicio es la escolarización.
Durante la investigación citada queda claro que con más o menos acuerdo los jóvenes aceptan ser escolarizados en el encierro y cuando la modalidad de enseñanza se adecúa a sus posibilidades la misma es promisoria para su posterior reinserción social.
En Argentina la modificación de normas educativas que dictaminaron homologar la enseñanza en centros cerrados con la escolarización en el ámbito comunitario permitió dar un sentido de igualdad a la escolarización en contextos de encierro y un contacto con la trama social en todos los casos que continuaron sus estudios tras su egreso de las instituciones penales.
Si bien la educación primaria y secundaria es obligatoria en la mayoría de países de Latinoamérica, paradojalmente el no cumplimiento de la misma (la deserción), sería una infracción, el primer destello que algo no funciona bien en un niño. Lamentablemente éste alerta casi nunca se toma en cuenta.
Tal como se repite en los jóvenes entrevistados que nos cuentan sus historias de vida, siempre dependieron de la voluntad individual de un maestro, por sobre la ceguera del Estado.
Sin embargo, el Estado lo conformamos todos. La tarea de concientización a la comunidad sobre la importancia de la escuela como institución en este y otros temas no es una tarea sencilla. Será necesario desde el lugar de cada ciudadano pugnar por la revalorización de ésta institución. Recordando las palabras del filósofo hispano José Antoni Marina cuando enuncia que “el fin de la educación es aumentar la probabilidad de que suceda lo que queremos”, agregando para culminar que lo que indefectiblemente todas las personas queremos es ocupar un lugar en una sociedad cada vez más justa e inclusiva.
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En Argentina, donde el debate ha cobrado mayor fuerza, la edad de punibilidad inicia a los 16 años considerándose a partir de allí a un sujeto adolescente penalmente responsable. En tanto, alejados del debate se encuentran países como Perú, México o Panamá donde se considera punible a los adolescentes a partir de los 12 años (si es que podemos hablar de adolescencia en esta corta edad). Lo que queda claro es que en la edad en que circulan por instituciones penales deberían estar circulando por instituciones educativas.
Esta situación nos enfrenta a una revisión, ya que la importante diferencia en materia penal juvenil con el viejo continente nos enuncia que indefectiblemente nuestro abordaje es ineficaz.
La caída de instituciones de encierro en países primermundistas nos obliga a preguntarnos ¿qué institución suple el quehacer de los centros de régimen cerrado o de libertad restringida en esa parte del mundo?
Revisando los modelos de acción, una de las posibles respuestas parece encontrarse en la escolarización y la profunda atención que prestan los países europeos para que los adolescentes permanezcan albergados por el sistema educativo aún en las situaciones más extremas.
Por ejemplo, en Alemania los tribunales de menores marcarán la modalidad y duración de la pena en torno a la necesidad educativa de cada joven delincuente.
En los países bálticos la inclusión dentro del sistema penal juvenil incluye prioritariamente su reinserción en sistemas educativos y las intervenciones se orientan fundamentalmente a que se restituya el lazo con la institución escolar.
En síntesis, la re-inclusión dentro del ámbito escolar es prioritaria en los países de la Unión Europea, proveyendo el Estado los recursos para que esto sea posible. La ley se aplica en tanto existen las condiciones socio económicas que garanticen estas prácticas.
En el marco de la investigación llevada en Argentina, llamada “Vivencias subjetivas de la escolarización en contexto de encierro” (Vallejos, C. 2018, Universidad de la Marina Mercante) se realizó un importante rastreo sobre la experiencia de jóvenes infractores a la ley penal que habían transitado por la escolarización en contextos de encierro en la capital de este país, intentando conocer también cómo había sido su escolarización previa al inicio de su accionar delictivo.
El primer punto es que tanto en Argentina como en el resto del mundo en la población penal juvenil es donde existe mayor tasa de fracaso y posterior deserción escolar.
En esta población el alojamiento en la escuela como primer espacio socializador externo a la familia fracasa rápidamente y comienza a ser suplido por espacios de calle con grupos de pares en la misma situación. El saber que otorgaría la escuela es reemplazado por otros saberes ligados a la transgresión, de ahí en más la situación se encamina hacia un lugar poco promisorio.
En las entrevistas realizadas se observó que en los pocos casos que la escolarización previa al encierro fue exitosa, (aquellos que culminaron el ciclo primario en una edad inferior a los 14 años), se debió principalmente a un sostenido afán familiar asociado a la voluntad individual de un docente que alojó al joven en el lugar de alumno.
Los adolescentes que llevaron a cabo una escolarización óptima previa a su encierro pudieron adherirse al dispositivo escolar en el centro cerrado con mayor facilidad, a la vez que consideraban que el retomar sus estudios beneficiaría su posterior reinserción comunitaria.
En aquellos casos donde hubo deserción temprana el alojamiento escolar en el centro brindó más escollos, pero no resultó imposible.
La partición sujeto-sociedad nos habla de una diada que no puede pensarse por separado. El sujeto pugna por socializar, la ausencia de socialización es en nuestra sociedad solamente aceptada en casos excepcionales, sino se piensa como signo psicopatológico.
El niño y el adolescente necesitan de lugares sociales, los irá a buscar primeramente donde la sociedad le indica de acuerdo a su posición y si estos son inaccesibles buscará otros generalmente menos amables y más peligrosos.
A los adolescentes infractores la escuela no los ha alojado. Los mismos rápidamente se enmarcan en la población escolar de niños que no estudian, se portan mal o simplemente no entienden. La mirada de la escuela rápidamente se corre y acepta el abandono como opción sin hacerse demasiadas preguntas, dando lugar a la deserción escolar como camino posible.
Estos sujetos desertores vienen a denunciar una falla en el sistema, un sistema que enuncia ideales de igualdad pero que los expulsa de la trama social cuando no cumplen con los estándares esperados. Los adolescentes entrevistados comentan que su pasaje escolar previo a su detención siempre estuvo colmado de sanciones, bajas notas, y una sensación de que la escuela no era un lugar para ellos. Solo algunos hablan de instituciones escolares que los contenían y los albergaban a pesar de sus imposibilidades.
En América Latina se encuentra muy adherida a la idea de que la respuesta para los adolescentes infractores es el encierro y el castigo, a partir de allí surge la idea de bajar la edad de punibilidad como solución. Por más que ejemplos como Trinidad y Tobago con una baja edad de punibilidad a partir de los 7 años no ha resuelto aún el problema de la delincuencia. Los proyectos de la baja de edad no permiten pensar que los fondos y personal dedicado a cubrir esta nueva franja de población penal deberían estar destinados a mejorar y formar a los actores del sistema y crear nuevos espacios educativos para la detección temprana de niños con la necesidad de soluciones alternativas.
Mientras no exista en los países latinoamericanos una toma de conciencia que el encierro no es la solución la problemática se replicará a mayores niveles.
América Latina está muy lejos de cerrar sus macroinstituciones penales juveniles y modificar sus leyes, pero lo que sí se puede es profundizar en la necesidad de generar espacios de inclusión de los adolescentes en el sistema social y el punto de inicio es la escolarización.
Durante la investigación citada queda claro que con más o menos acuerdo los jóvenes aceptan ser escolarizados en el encierro y cuando la modalidad de enseñanza se adecúa a sus posibilidades la misma es promisoria para su posterior reinserción social.
En Argentina la modificación de normas educativas que dictaminaron homologar la enseñanza en centros cerrados con la escolarización en el ámbito comunitario permitió dar un sentido de igualdad a la escolarización en contextos de encierro y un contacto con la trama social en todos los casos que continuaron sus estudios tras su egreso de las instituciones penales.
Si bien la educación primaria y secundaria es obligatoria en la mayoría de países de Latinoamérica, paradojalmente el no cumplimiento de la misma (la deserción), sería una infracción, el primer destello que algo no funciona bien en un niño. Lamentablemente éste alerta casi nunca se toma en cuenta.
Tal como se repite en los jóvenes entrevistados que nos cuentan sus historias de vida, siempre dependieron de la voluntad individual de un maestro, por sobre la ceguera del Estado.
Sin embargo, el Estado lo conformamos todos. La tarea de concientización a la comunidad sobre la importancia de la escuela como institución en este y otros temas no es una tarea sencilla. Será necesario desde el lugar de cada ciudadano pugnar por la revalorización de ésta institución. Recordando las palabras del filósofo hispano José Antoni Marina cuando enuncia que “el fin de la educación es aumentar la probabilidad de que suceda lo que queremos”, agregando para culminar que lo que indefectiblemente todas las personas queremos es ocupar un lugar en una sociedad cada vez más justa e inclusiva.
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