Desde que el injusto programa de la Agencia de Inmigración, ICE, Comunidades Seguras, comenzara a operar en el estado de Nueva York en enero de este año, miles de personas han sido puestas en peligro de deportación simplemente por arrestos menores de tráfico u otros encuentros con las autoridades.
El 1 de junio el gobernador Andrew Cuomo anunció con bombos y platillos que nuestro estado, al igual que lo había hecho Illinois poco antes, cancelaría su acuerdo entre las policías locales y la agencia de inmigración, ya que S-Comm (como se lo conoce) causa más problemas que soluciones y pone en peligro la seguridad de las mismas comunidades que estaba destinado a proteger. Muy felices por este paso adelante, muchas organizaciones de derechos de inmigrantes festejaron el anuncio. Pero la alegría duró poco tiempo.
Día a día seguimos escuchando de casos de hermanos inmigrantes sin papeles que son arrestados y puestos en manos de la agencia de inmigración por casos ya cerrados por la justicia o por supuestamente falsas incriminaciones. Hace poco supimos de un mexicano en Saugerties, a punto de ser padre y esperando en la cárcel que se aclare su caso. Y esta, lamentablemente, no es la única familia que sufre.
Tenemos que estar alerta: el programa de “Comunidades Seguras” de colaboración entre la policía local y ICE sigue activo en nuestro Valle de Hudson. Cualquier contacto con la autoridad, sea por ir a pagar una multa o ser parado por un caño de escape roto, puede degenerar en que se le abra un proceso por inmigración. Norma Pereira Mora, Directora de Organización Comunitaria para Hudson Valley Community Coalition, explica lo que esto significa “si una persona que tiene las características que la autoridad local tenga como candidato, y no estamos hablando de una persona asiática o europea blanca, estamos hablando de una persona de apariencia latinoamericana es candidato para la sospecha policial”. ¿Se llama a esto discriminación? Muy probablemente.
Mientras tanto Norma, [email protected], aconseja que si una persona “no tiene la autorización necesaria que por favor sea conciente que es muy riesgoso conducir sin la documentación apropiada, que es un riesgo recoger una infracción y enfrentar ese proceso, porque tenemos muchos ejemplos locales que han sido no sólo discriminados sino detenidos y están en el proceso de deportación. Estamos en una crisis económica y ahora los más vulnerables son los más afectados porque son de alguna manera a quienes la sociedad culpa. Es muy importante no sentirnos culpables, no parar de defendernos, no parar de pensar que nuestros derechos humanos están siendo violados y que hay quien nos defiende”.
Y ante el clamor de activistas por los derechos de todos los seres humanos que no merecen ser juzgados dos veces por la misma causa y mientras seguimos esperando que el congreso apruebe una muy necesaria ley de reforma de inmigración, el 18 de agosto la administración del presidente Obama anunció que se revisarían todos los casos de inmigración pendientes (alrededor de 300.000) para descartar o cerrar aquellos categorizados de baja prioridad.
Pero atención: este anuncio no es ninguna amnistía, advierten desde la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, según sus siglas en inglés) y piden no confiar en nadie que prometa un permiso de trabajo o estatus legal basado en el anuncio del 18 de agosto. (Para más información sobre cómo evitar las estafas de inmigración, visite a www.parefraudenotarial.org)
Desde AILA también dicen que “no hay una manera segura de entregarse a las autoridades de inmigración, y NO existe ninguna garantía de que su caso será considerado como uno de baja prioridad. CUALQUIER persona que se llega en contacto con los autoridades de inmigración puede ser encarcelado, detenido y hasta deportado”. Es decir, evitar manejar sin licencia válida y en caso de recibir una multa, mandar el pago por correo, en vez de asistir en persona.
Con escepticismo, desde la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Manhattan (uno de los principales solicitantes de que se termine con S-Comm en Nueva York) y del Consejo de Liderazgo Juvenil del estado dicen que este anuncio es más una movida para ganar votos en las próximas elecciones que una reforma significativa.
Por ahora lo que se puede hacer es participar y estar alerta.
Mariel Fiori, Directora
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