Nueva York y las Comunidades Seguras

A principios de mes, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), anunciaron un número récord de deportaciones de inmigrantes indocumentados: más de 392 mil en lo que va del año 2010, el número más alto en la historia del país. Este récord se logró, según las autoridades, gracias a una mayor aplicación de la ley en la frontera y en los puestos de trabajo, así como la expansión del programa Comunidades Seguras de colaboración entre las policías locales y el Servicio de Inmigración, (ICE).

El programa Comunidades Seguras, que usa las huellas digitales para detectar a inmigrantes indocumentados en prisiones estatales y cárceles locales, creció de 14 jurisdicciones o condados en 2008 a más de 660 hoy en día. El DHS tiene el objetivo de expandir el programa a todos los condados del país para el año 2013, según expresó la directora, Janet Napolitano.

Una vez que la persona es detenida y enviada a una cárcel participante de Comunidades Seguras por cualquier delito, se cotejan sus huellas digitales con las bases de datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Investigación Federal (FBI), para determinar su historial migratorio y criminal. Según el ICE, si la información concuerda con los récords del DHS, inmigración evalúa la situación migratoria del extranjero y los cargos por los cuales fue detenido para tomar una decisión sobre su futuro. Esto incluye a residentes legales e inmigrantes sin permiso de estadía legal.

Según coaliciones de grupos de derechos de los inmigrantes, incluyendo al Centro por los Derechos Constitucionales y la Red de la Organización del Día Nacional del Trabajo, las estadísticas obtenidas del ICE muestran que casi el 80% de las personas detenidas a través del programa Comunidades Seguras no eran delincuentes, o fueron arrestadas por ofensas menores.

Hace poco, una mujer inmigrante que vive en California llamó a la policía durante un incidente de violencia doméstica. En vez de recibir la ayuda que necesitaba, fue arrestada, le tomaron las huellas digitales, para luego ser transferida en custodia de ICE, incluso cuando no había ningún cargo en su contra. Según el Centro por los Derechos Constitucionales (CCR), este tipo de injusticias ocurre cada día en los más de 600 condados del país que adoptaron esta peligrosa forma de colaboración entre el sistema de justicia penal y de inmigración.

Mientras tanto, nuestro gobernador Paterson, firmó en mayo un principio de acuerdo, o MOA según sus siglas en inglés, para implementar el controvertido programa Comunidades Seguras en el estado de Nueva York, sin consultar al público. En respuesta, más de cuarenta organizaciones por los derechos de los inmigrantes de Nueva York siguen intentando parar esto que parece un irreversible Apocalipsis.

CCR está intentando parar esta iniciativa pidiendo firmas para una petición para Napolitano, que se puede encontrar aquí: bit.ly/optoutnow. El pedido es para que el programa sea opcional, y no obligatorio para las policías locales como es ahora, ya que provocaría daños a la seguridad pública y las policías locales no están preparadas ni tienen recursos para hacer lo que le corresponde al gobierno federal. Muchos agentes policiales en localidades como San Francisco o Arlington, en Virginia, están preocupados ya que saben que no deberían ser vistos por las comunidades inmigrantes donde trabajan como un brazo de inmigración: luchar y prevenir la delincuencia no tiene nada que ver con deportar inmigrantes, dicen.

Gobernador Paterson: por favor anule el acuerdo. El clima de miedo y confusión no debería continuar.

Mariel Fiori, Directora