Cuando las exenciones fiscales se convierten en deuda social

En todo el estado existen 107 IDAs, creadas para atraer negocios y promover el empleo mediante subsidios fiscales. Estas agencias pueden otorgar acuerdos PILOT, que permiten a corporaciones no pagar una parte importante de sus impuestos durante décadas a cambio de un proyecto. Los impuestos que se eximen son los que irían para los distritos escolares, las ciudades y los condados. 

Rashida Tyler, subdirectora ejecutiva del Consejo de Iglesias del Estado de Nueva York y exmiembro de la IDA del condado de Ulster, explicó en una entrevista en La Voz con Mariel Fiori en Radio Kingston, que los PILOT más controversiales pueden significar hasta veinte años de exenciones. Por ejemplo, en Kingston, el proyecto Kingstonian recibió un acuerdo que desviaría casi 30 millones de dólares de las arcas públicas destinadas a la educación y otros servicios por 25 años. Tyler señaló que “las IDAs no rinden cuentas ante el público” y que sus reuniones se realizan “un miércoles a las 9 de la mañana”, horarios inaccesibles para la mayoría de los trabajadores.

Además, las juntas de las IDAs no requieren incluir representantes de distritos escolares, sindicatos, organizaciones comunitarias ni miembros de la comunidad hispana, que ya constituye cerca del 13% de la población en la región Mid-Hudson, según documentan informes recientes de Reinvent Albany y la Clínica de Políticas de Cornell. Tampoco existe supervisión efectiva sobre los datos que reportan, lo que ha permitido incluso casos de corrupción, como en la IDA del condado de Orange.

En los últimos años, las IDAs han expandido agresivamente su alcance hacia proyectos de vivienda, a pesar de su mandato original centrado en la industria y el comercio. Entre 2018 y 2022, solo una cuarta parte de las viviendas respaldadas por IDAs fueron realmente asequibles, según el estudio. Casi la mitad de los residentes del Valle del Hudson sacrifica gastos básicos para pagar alquiler o hipoteca. En este escenario, los subsidios fiscales funcionan como un doble golpe: se reducen los ingresos destinados a las escuelas y se promueve un desarrollo de vivienda que profundiza el desplazamiento de comunidades de bajos ingresos, incluidas las familias hispanas.

Las escuelas públicas son, quizá, las más afectadas por estas decisiones. Según un análisis de la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York, alrededor del 63% de los ingresos por impuestos a la propiedad se destinan a los distritos escolares. Cuando un desarrollador recibe un PILOT, ese dinero deja de entrar a las aulas. Lo que se presenta como un “incentivo al crecimiento” puede traducirse en menos maestros, menos programas de apoyo y menos recursos para estudiantes de comunidades negras y latinas, que históricamente han recibido menos financiamiento estatal. Para Tyler, culpar a los servicios sociales por el aumento de impuestos es impreciso: muchas veces, ese aumento refleja la carga que dejan los PILOT. “Cuando una empresa no paga, alguien más lo hace”, afirmó.

Frente a esto, el estudio de Reinvent Albany, propone reformas: impedir que los PILOT tomen fondos escolares, exigir representación de las comunidades afectadas en las juntas y fortalecer los mecanismos para recuperar dinero cuando los proyectos no se construyen o no cumplen sus promesas. Coinciden en que Nueva York no resolverá la crisis de vivienda creando una nueva crisis para la educación pública.

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