Cultura y noticias hispanas del Valle del Hudson
Hay problemas en el Distrito Escolar Central East Ramapo (ERCSD) en el condado de Rockland que vienen afectando negativamente el rendimiento académico de los estudiantes negros y latinos de las escuelas públicas por años. El hecho es que la Junta de Educación ha desviado fondos de las escuelas públicas para el beneficio de las escuelas privadas, principalmente yeshivás (escuelas judías ortodoxas). El alumnado de las escuelas públicas es 62% latino y 30% negro. Este daño se siente como una traición a los padres inmigrantes que trabajan largas horas y que confían en la educación pública para sus hijes.
Hace unos días conversé al respecto en mi programa, La Voz con Mariel Fiori en Radio Kingston, con dos padres activos en resolver este problema, Ana Maeda y Luis Nivelo, de los grupos Juntos Lucharemos y Unión de Padres (parents) de East Ramapo csd, respectivamente. “Como madre es triste ver la injusticia. Mis dos niños son parte de la comunidad latina y no hay suficientes fondos para hacer actividades en las escuelas que ellos quisieran hacer mientras otros distritos lo tienen. Es triste ver que nuestros hijos son afectados por la negligencia, y la injusticia del distrito cuando esa gente que ocupa el lugar de junta directiva tiene que trabajar para nuestros hijos y no lo está haciendo. El puesto que ellos tienen es para ayudar anuestra comunidad, no para quitarle calidad a la educación de nuestros hijos,” dijo Maeda.
Nivelo señaló que los miembros de la junta educativa de ERCSD “son gente que no deberían estar en nuestras escuelas, son outsiders, que están sentados políticamente para llevarse los recursos de lo que es por derecho para la educación de la comunidad entera. Desde hace siete años venimos ya peleando el racismo del mismo superintendente, Doctor Kline [ya reemplazado]. También hay otro problema que usted ve que en los Estados Unidos el voto es la voz. Si uno no puede votar, no es ciudadano”.
En 2017, los padres de estudiantes en el distrito escolar y la NAACP de Spring Valley presentaron una demanda organizada porla Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU) desafiando el método general de elegir a los miembros de la Junta de Educación del ERCSD. La demanda sostuvo que el sistema en general (at large) negó ilegalmente a los ciudadanos negros y latinos en el distrito la misma oportunidad de elegir candidatos de su elección y, como tal, fueuna violación de la Ley de Derechos Electorales.
La demanda pedía que se implementara un sistema al estilo de los distritos (wards) para dar a los votantes de las minorías la oportunidad de elegir a los candidatos de su elección. En mayo pasado, la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Cathy Seibel, emitió una decisión a favor de los demandantes. El sistema de distritos electorales también fue una recomendación que hicieron Dennis Walcott y sus compañeros Monitores designados por el Estado en su informe de 2015. Este es un paso en la dirección correcta, pero no es la solución.
Padres, estudiantes, educadores y exalumnos creen que la solución es aprobar una legislación en la Legislatura del Estado de Nueva York (proyecto A. 5683) para otorgar a los monitores designados por el estado poder de veto sobre las decisiones del ERCSD, dado el historial demostrado de que la Junta viola los derechos de los estudiantes negros y latinos de las escuelas públicas a favor delos estudiantes de las escuelas privadas, que no son negros ni latinos.
En una carta de marzo enviada por la Comisionada de educación del estado, Betty Rosa, al presidente del capítulo de la NAACP en Spring Valley, Willie Trotman, esta reconoce el grave problema fiscal actual del distrito escolar. Con un saldo negativo de $25 a $30 millones de dólares, la junta anunció que despediría a 33 maestros, de un personal ya mínimo. Trotman escribió: “El anuncio fue recibido con frustración y enojo. Con COVID-19, este ya ha sido el año más catastróficamente estresante en la vida de los niños, las familias y el personal, y los maestros a menudo representan una de las pocas anclas de apoyo emocional y estabilidad para los niños y sus familias, especialmente en East Ramapo, el único distrito en el condado sin un trabajador social. Quien sea el responsable de esta última debacle presupuestaria de East Ramapo, ni los niños, los padres ni los maestros deberían pagar el precio”.
Rosa, en su respuesta, dijo que apoya la legislación que otorgaría a los monitores el poder de veto sobre las decisiones, resoluciones e inacciones de la Junta. En su carta, la comisionada Rosa también apoya a la oficina del Contralor del Estado (OSC) para que realice auditorías forenses de los contratos emitidos por ERCSD a proveedores de servicios a escuelas no públicas por los últimos diez años.
Para Ana, Luis, y la NAACP la lucha sigue.
Mariel Fiori,
Directora
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Hace unos días conversé al respecto en mi programa, La Voz con Mariel Fiori en Radio Kingston, con dos padres activos en resolver este problema, Ana Maeda y Luis Nivelo, de los grupos Juntos Lucharemos y Unión de Padres (parents) de East Ramapo csd, respectivamente. “Como madre es triste ver la injusticia. Mis dos niños son parte de la comunidad latina y no hay suficientes fondos para hacer actividades en las escuelas que ellos quisieran hacer mientras otros distritos lo tienen. Es triste ver que nuestros hijos son afectados por la negligencia, y la injusticia del distrito cuando esa gente que ocupa el lugar de junta directiva tiene que trabajar para nuestros hijos y no lo está haciendo. El puesto que ellos tienen es para ayudar anuestra comunidad, no para quitarle calidad a la educación de nuestros hijos,” dijo Maeda.
Nivelo señaló que los miembros de la junta educativa de ERCSD “son gente que no deberían estar en nuestras escuelas, son outsiders, que están sentados políticamente para llevarse los recursos de lo que es por derecho para la educación de la comunidad entera. Desde hace siete años venimos ya peleando el racismo del mismo superintendente, Doctor Kline [ya reemplazado]. También hay otro problema que usted ve que en los Estados Unidos el voto es la voz. Si uno no puede votar, no es ciudadano”.
En 2017, los padres de estudiantes en el distrito escolar y la NAACP de Spring Valley presentaron una demanda organizada porla Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU) desafiando el método general de elegir a los miembros de la Junta de Educación del ERCSD. La demanda sostuvo que el sistema en general (at large) negó ilegalmente a los ciudadanos negros y latinos en el distrito la misma oportunidad de elegir candidatos de su elección y, como tal, fueuna violación de la Ley de Derechos Electorales.
La demanda pedía que se implementara un sistema al estilo de los distritos (wards) para dar a los votantes de las minorías la oportunidad de elegir a los candidatos de su elección. En mayo pasado, la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Cathy Seibel, emitió una decisión a favor de los demandantes. El sistema de distritos electorales también fue una recomendación que hicieron Dennis Walcott y sus compañeros Monitores designados por el Estado en su informe de 2015. Este es un paso en la dirección correcta, pero no es la solución.
Padres, estudiantes, educadores y exalumnos creen que la solución es aprobar una legislación en la Legislatura del Estado de Nueva York (proyecto A. 5683) para otorgar a los monitores designados por el estado poder de veto sobre las decisiones del ERCSD, dado el historial demostrado de que la Junta viola los derechos de los estudiantes negros y latinos de las escuelas públicas a favor delos estudiantes de las escuelas privadas, que no son negros ni latinos.
En una carta de marzo enviada por la Comisionada de educación del estado, Betty Rosa, al presidente del capítulo de la NAACP en Spring Valley, Willie Trotman, esta reconoce el grave problema fiscal actual del distrito escolar. Con un saldo negativo de $25 a $30 millones de dólares, la junta anunció que despediría a 33 maestros, de un personal ya mínimo. Trotman escribió: “El anuncio fue recibido con frustración y enojo. Con COVID-19, este ya ha sido el año más catastróficamente estresante en la vida de los niños, las familias y el personal, y los maestros a menudo representan una de las pocas anclas de apoyo emocional y estabilidad para los niños y sus familias, especialmente en East Ramapo, el único distrito en el condado sin un trabajador social. Quien sea el responsable de esta última debacle presupuestaria de East Ramapo, ni los niños, los padres ni los maestros deberían pagar el precio”.
Rosa, en su respuesta, dijo que apoya la legislación que otorgaría a los monitores el poder de veto sobre las decisiones, resoluciones e inacciones de la Junta. En su carta, la comisionada Rosa también apoya a la oficina del Contralor del Estado (OSC) para que realice auditorías forenses de los contratos emitidos por ERCSD a proveedores de servicios a escuelas no públicas por los últimos diez años.
Para Ana, Luis, y la NAACP la lucha sigue.
Mariel Fiori,
Directora
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