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Nuevos derechos para los trabajadores agrícolas

Por Maggie Gray
September 2019
El 17 de julio, el Gobernador Cuomo firmó la Ley de Prácticas Laborales Justas de los Trabajadores Agrícolas (FFLPA). Esta nueva ley garantiza a los trabajadores agrícolas del estado de Nueva York el derecho al pago por el tiempo extra trabajado, el derecho al día de descanso y a la protección de la negociación colectiva. A pesar de que haber sido una gran victoria legislativa, todavía existen algunas estipulaciones. Por ejemplo, el pago extra entra en efecto luego de 60 horas semanales de trabajo, no de 40, y mientras los trabajadores se organizan y negocian, no tienen la opción de disminuir las horas en su jornada laboral.
Por más de dos décadas, organizaciones como el Ministerio Rural y Migrante (RMM, según sus siglas en inglés), la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), AFL-CIO, el Centro de Justicia para el Trabajador de Nueva York, el Centro de Trabajadores del Centro de Nueva York y muchas instituciones más se han estado organizando para abogar en pro de los trabajadores agrícolas.

Este año, había mucho viento a favor. El Senado de Nueva York estuvo compuesto en su mayoría por demócratas por primera vez desde 2009 (y la segunda vez en 50 años). Además, en mayo, un tribunal de Nueva York declaró que los trabajadores agrícolas tenían la protección de la negociación colectiva, lo cual no solo atrajo atención hacia el proyecto de ley, sino que también trajo al New York State Farm Bureau a la mesa de negociación.

El caso judicial surgió por la demanda de Crispin Hernández y Saul Pinto, quienes fueron despedidos de Marks Farm, una granja productora de lácteos en Lowville, Nueva York. En agosto de 2015, Pinto y Hernández habían invitado a Rebecca Fuentes del Centro de Trabajadores del Centro de Nueva York a una reunión en la granja para hablar sobre solicitar un tutor de inglés y un equipo de seguridad adecuado. Uno de los supervisores de la granja insatisfecho con la reunión llamó a la policía. La policía separó a los trabajadores de Fuentes y fueron interrogados. Esta táctica de intimidación fue bastante efectiva y logró asustar a algunos trabajadores. La semana siguiente, Pinto y Hernández fueron de puerta en puerta, diciéndoles a sus compañeros que no habían hecho nada malo pues los trabajadores podían tener invitados, incluso si, como ellos, vivían en la granja. Como resultado, fueron despedidos.

La NYCLU, representando a Hernández, demandó al Gobierno del estado de New York y al Gobernador Cuomo alegando que la exclusión de los trabajadores agrícolas del derecho de negociación colectiva violaba la Constitución del Estado de Nueva York. El tribunal estaba de acuerdo, con 4 votos a favor y 1 en contra.

El caso surgió debido a la organización de base en las granjas. El Centro de Trabajadores del Centro de Nueva York y el Centro de Justicia de los Trabajadores de Nueva York habían realizado actividades de divulgación en las granjas lecheras del estado durante varios años. Los trabajadores estaban ansiosos por abordar sus preocupaciones, en particular sobre la salud y la seguridad, porque el trabajo en la industria láctea es muy peligroso. Entre 2006 y 2016, se registraron 69 muertes en granjas lecheras de Nueva York.

Los trabajadores agrícolas son difíciles de organizar. Están aislados de las comunidades locales, sin transporte público y las granjas se extienden por las zonas rurales, a veces a una gran distancia de donde viven y trabajan los organizadores. Además, muchos son indocumentados.

El trabajo del organizador es un desafío ya que tienen que conducir largas distancias para encontrarse con los trabajadores y además de que lleva tiempo el generar confianza. Andrea Callan, del Centro de Justicia para los Trabajadores, cree que organizarse es el quid de estos movimientos. “Los trabajadores tienen que decidir por sí mismos qué direcciones quieren tomar para avanzar en su propia autodeterminación. Organizarse es crucial para devolverles la voz a los trabajadores que han sido silenciados debido a las presiones sociales y económicas, silencios que existen precisamente porque reciben bajos salarios”, dijo Callan.

Está claro que la organización fue importante para la aprobación de la FFLPA, pero se necesita más trabajo para garantizar que la ley sea implementada de manera justa. Erin Harrist, abogada principal de la NYCLU, señaló: “Necesitamos implementar las herramientas adecuadas para implementar esta ley, incluyendo la educación de los trabajadores agrícolas, los empleadores y el estado. Hay mucho por hacer”.

*Traducido al español por Laura Andrea Pérez Rangel
 

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