Cualquier tipo de estrategia para influir el resultado de las elecciones al desalentar o prevenir que la gente ejerza su derecho a votar es lo que se entiende por supresión del voto. Últimamente una de las tácticas de las que más se habla es imponer que las personas presenten una identificación con foto para poder votar en por lo menos siete estados. Los detractores de esta medida dicen que así no podrán votar muchos jóvenes, ancianos, afro-estadounidenses y latinos, y se preguntan ¿por quién creen que votarían estos grupos? ¿A quién beneficiaría el que no votaran?
En nuestro Valle del Hudson, el problema se nota con los estudiantes universitarios y con los latinos. Y se están buscando formas de arreglarlo, parece.
El gobierno de Estados Unidos le entabló juicio a la Junta Electoral del Condado de Orange por no cumplir con los artículos 4(e) y 12(d) de la Ley de los Derechos Electorales 42 U.S.C. 1973b(e) y 1973j(d) para hacer valer los derechos a votar que imponen las enmiendas 14 y 15 de la constitución. En abril ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial. ¿De qué se tratan estos artículos disputados? Básicamente que “las personas educadas en escuelas de bandera estadounidense en el que el lenguaje predominante de la clase no es el inglés” (como por ejemplo, Puerto Rico) tienen derecho a votar y se prohíbe que se les “condicione el voto basado en su capacidad de leer, escribir, entender o interpretar cualquier cuestión que esté en inglés”. Es decir que lisa y llanamente las papeletas y todo material relacionado con las elecciones tiene que estar en español.
Y es que en el condado de Orange viven casi 30 mil puertorriqueños, muchos de los cuales podrían votar. Sonia Ayala, del Comité Latino Demócrata del Condado de Orange, explica que uno de los miembros de su organización “llamó al Departamento de Justicia tres años atrás, porque notamos que los latinos en Orange County no estaban servidos bien por la Junta Electoral. Y este año en abril, tuvieron que arreglarlo” justo a tiempo para las elecciones primarias, y ahora todos los documentos relacionados con las elecciones también están disponibles en español. Esto ayuda a otros los latinos, aunque no sean puertorriqueños. El condado de Westchester pasó por un proceso similar para hacer valer la ley de que todos tienen derecho a votar, sin importar que no hablen inglés.
Un día antes de que venciera el plazo para registrarse a votar, el fiscal general del estado, Eric T. Schneiderman, anunció que otros dos condados, Rockland y Ulster, llegaron a un acuerdo similar, y tendrán todo en español el día de las elecciones, al igual que personal que hable español en ciertos lugares de votación para asistir en lo que fuera necesario. Lamentablemente al cierre de esta editorial, el condado de Dutchess no había llegado a un acuerdo final para tener sus materiales en español también.
Y hablando de Dutchess. Erin Cannan, Directora Asociada del Centro para Participación Cívica de Bard College, explica que “el comisionado republicano del condado de Dutchess Erik Haight, está rechazando las registraciones para votar de estudiantes que no incluyen el número de habitación de las residencias de los campus de las universidades de Bard, Marist, Vassar y el Culinary Institute of America”. Los estudiantes de Marist College están considerando entablar una demanda al condado ya que dicen que se los discrimina a la hora de registrarse para votar: deben incluir el número de habitación donde viven en campus, mientras que a los residentes de complejos para la tercera edad, no se les piden número de departamento. Si el número no aparece, el voto del estudiante es anulado.
Pero esto no es nuevo, la supresión del voto estudiantil en el condado era inmensa hasta 2004, cuando las universidades de Bard y Vassar enjuiciaron al estado de Nueva York por sus prácticas anticonstitucionales. Más recientemente, indica Cannan, “la Junta Electoral y Bard entablaron una demanda conjunta para que los votos por declaración jurada sean contados como si hubieran sido realizados en el lugar de votación. La mayoría de los votos por declaración jurada son descartados por tecnicismos. Quisimos asegurarnos que este no fuera el caso y ganamos”.
Si el día de las elecciones se siente víctima de alguna táctica de supresión del voto, contacte al fiscal general al (212) 416-8250, [email protected] o visite www.ag.ny.gov. El derecho a votar es un deber cívico fundamental y no debemos permitir que nadie nos quite esta poderosa voz.
Revista La Voz, Cultura y noticias hispanas del Valle de Hudson
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