Cultura y noticias hispanas del Valle del Hudson
Un informe reciente del Instituto de la Política Migratoria (Migration Policy Institute, MPI, en inglés) dice que, con ya tres años en el gobierno, la de Biden es la presidencia más activa en inmigración, aunque se diga lo contrario con la narrativa de crisis fronteriza.
Al tomar 535 acciones migratorias en sus primeros tres años, la administración Biden ya ha superado las 472 acciones ejecutivas relacionadas con la inmigración durante los cuatro años del mandato del presidente Donald Trump.
Por esos esfuerzos, la inmigración legal está regresando a los niveles previos a la pandemia y, en algunos casos, superándolos, incluidas las admisiones de refugiados que van camino de alcanzar los máximos de la década de 1990; se ha adoptado un nuevo proceso fronterizo que busca desalentar las llegadas irregulares; se han extendido protecciones humanitarias temporales a cientos de miles de migrantes; y las prioridades de aplicación de la ley se han centrado en categorías más reducidas de inmigrantes no autorizados.
Combinados, dice el informe, estos cambios han cumplido algunas de las promesas de campaña del presidente Joe Biden, ayudaron a impulsar la economía estadounidense y redujeron los temores de una aplicación aparentemente arbitraria de las leyes contra los no ciudadanos deportados. El artículo revisa las principales acciones migratorias durante los primeros tres años de la presidencia de Biden, centrándose en la vigilancia fronteriza, la vigilancia interior y los impactos en las ciudades estadounidenses, la protección humanitaria, los tribunales de inmigración y las admisiones legales.
Por ejemplo, cuando estuvo en vigor durante la pandemia, el Título 42 resultó en menos deportaciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). En 2023, ICE expulsó a 143.000 migrantes, casi el doble que en 2022 (72.000), pero aún muy por debajo de las 234.000 expulsiones anuales promedio durante el mandato de Trump y las 344.000 expulsiones anuales promedio del presidente Barack Obama. Cuando terminó el Título 42, las expulsiones superaron las cifras de los años anteriores a la pandemia. De mayo a diciembre, el DHS llevó a cabo más de 470.000 expulsiones o devoluciones, en su mayoría de migrantes que cruzaron la frontera suroeste sin autorización.
Si bien los encuentros récord en la frontera suroeste han dominado los titulares, el éxito de la administración Biden en el avance de su agenda de aplicación de la ley en el interior ha recibido mínima atención. Como las directrices sobre discreción procesal, publicadas en septiembre de 2021, que habían estado bloqueadas por los tribunales durante un año. En 2023, los abogados de ICE ejercieron su discreción caso por caso y acordaron desestimar o suspender 119.000 casos.
En paralelo, la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR) ha tratado de abordar enormes retrasos permitiendo a los jueces de inmigración eliminar casos no prioritarios del expediente. En 2023, se desestimaron o terminaron 208.000 casos de deportación, particularmente en los casos de asilo, que hasta octubre representaban más de un tercio de los 2,5 millones de casos de los tribunales. Aun así, los tribunales recibieron 1,2 millones de casos nuevos en 2023, muchos de ellos de llegadas recientes a la frontera, lo que significa que los jueces seguirán abrumados en los próximos años a menos que se adopten políticas significativas. De todas maneras, los tribunales completaron una cifra récord de 523.000 casos en 2023.
Las admisiones de inmigrantes legales a los Estados Unidos se dispararon en 2023: casi 1,2 millones de inmigrantes se convirtieron en residentes permanentes legales (LPR, también conocidos como titulares de tarjetas verdes) en 2023, superando el promedio anual de 1,1 millones durante la década anterior a la pandemia. El Departamento de Estado emitió 10,4 millones de visas de no inmigrantes ese año, la mayor cantidad desde 2015 y frente a los 6,8 millones de 2022. Además, 883.000 inmigrantes se naturalizaron en el 2023 (964.000 en el 2022) la mayor cantidad desde el 2008.
Así y todo, en noviembre, 1,1 millones de casos de asilo estaban atrasados en el USCIS y otras 938.000 solicitudes estaban pendientes en los tribunales de inmigración. El total de solicitudes de tarjetas verdes atrasadas alcanzó los 7,6 millones en noviembre, según el Centro de Política Bipartidista, por retrasos en el proceso y los límites anuales de visas establecidos por el Congreso. En USCIS, más de 9 millones de solicitudes esperaban ser procesadas para una variedad de beneficios cuando finalizó el 2023.
Las leyes y los recursos de aplicación de las leyes estadounidenses se desarrollaron en gran medida para una época diferente y no pueden competir con las llegadas fronterizas de hoy, que son más diversas en nacionalidad, llegan como familias en mayor número y con necesidades de protección sin precedentes. Los mandatos judiciales existentes, los nuevos juicios y la constante amenaza de litigios limitan las opciones de la administración.
Lo que se necesitan son leyes de inmigración para el siglo XXI. Una reforma migratoria comprensiva y justa. Representantes en el Congreso ¿para cuándo?
Mariel Fiori
Directora
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Al tomar 535 acciones migratorias en sus primeros tres años, la administración Biden ya ha superado las 472 acciones ejecutivas relacionadas con la inmigración durante los cuatro años del mandato del presidente Donald Trump.
Por esos esfuerzos, la inmigración legal está regresando a los niveles previos a la pandemia y, en algunos casos, superándolos, incluidas las admisiones de refugiados que van camino de alcanzar los máximos de la década de 1990; se ha adoptado un nuevo proceso fronterizo que busca desalentar las llegadas irregulares; se han extendido protecciones humanitarias temporales a cientos de miles de migrantes; y las prioridades de aplicación de la ley se han centrado en categorías más reducidas de inmigrantes no autorizados.
Combinados, dice el informe, estos cambios han cumplido algunas de las promesas de campaña del presidente Joe Biden, ayudaron a impulsar la economía estadounidense y redujeron los temores de una aplicación aparentemente arbitraria de las leyes contra los no ciudadanos deportados. El artículo revisa las principales acciones migratorias durante los primeros tres años de la presidencia de Biden, centrándose en la vigilancia fronteriza, la vigilancia interior y los impactos en las ciudades estadounidenses, la protección humanitaria, los tribunales de inmigración y las admisiones legales.
Por ejemplo, cuando estuvo en vigor durante la pandemia, el Título 42 resultó en menos deportaciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). En 2023, ICE expulsó a 143.000 migrantes, casi el doble que en 2022 (72.000), pero aún muy por debajo de las 234.000 expulsiones anuales promedio durante el mandato de Trump y las 344.000 expulsiones anuales promedio del presidente Barack Obama. Cuando terminó el Título 42, las expulsiones superaron las cifras de los años anteriores a la pandemia. De mayo a diciembre, el DHS llevó a cabo más de 470.000 expulsiones o devoluciones, en su mayoría de migrantes que cruzaron la frontera suroeste sin autorización.
Si bien los encuentros récord en la frontera suroeste han dominado los titulares, el éxito de la administración Biden en el avance de su agenda de aplicación de la ley en el interior ha recibido mínima atención. Como las directrices sobre discreción procesal, publicadas en septiembre de 2021, que habían estado bloqueadas por los tribunales durante un año. En 2023, los abogados de ICE ejercieron su discreción caso por caso y acordaron desestimar o suspender 119.000 casos.
En paralelo, la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR) ha tratado de abordar enormes retrasos permitiendo a los jueces de inmigración eliminar casos no prioritarios del expediente. En 2023, se desestimaron o terminaron 208.000 casos de deportación, particularmente en los casos de asilo, que hasta octubre representaban más de un tercio de los 2,5 millones de casos de los tribunales. Aun así, los tribunales recibieron 1,2 millones de casos nuevos en 2023, muchos de ellos de llegadas recientes a la frontera, lo que significa que los jueces seguirán abrumados en los próximos años a menos que se adopten políticas significativas. De todas maneras, los tribunales completaron una cifra récord de 523.000 casos en 2023.
Las admisiones de inmigrantes legales a los Estados Unidos se dispararon en 2023: casi 1,2 millones de inmigrantes se convirtieron en residentes permanentes legales (LPR, también conocidos como titulares de tarjetas verdes) en 2023, superando el promedio anual de 1,1 millones durante la década anterior a la pandemia. El Departamento de Estado emitió 10,4 millones de visas de no inmigrantes ese año, la mayor cantidad desde 2015 y frente a los 6,8 millones de 2022. Además, 883.000 inmigrantes se naturalizaron en el 2023 (964.000 en el 2022) la mayor cantidad desde el 2008.
Así y todo, en noviembre, 1,1 millones de casos de asilo estaban atrasados en el USCIS y otras 938.000 solicitudes estaban pendientes en los tribunales de inmigración. El total de solicitudes de tarjetas verdes atrasadas alcanzó los 7,6 millones en noviembre, según el Centro de Política Bipartidista, por retrasos en el proceso y los límites anuales de visas establecidos por el Congreso. En USCIS, más de 9 millones de solicitudes esperaban ser procesadas para una variedad de beneficios cuando finalizó el 2023.
Las leyes y los recursos de aplicación de las leyes estadounidenses se desarrollaron en gran medida para una época diferente y no pueden competir con las llegadas fronterizas de hoy, que son más diversas en nacionalidad, llegan como familias en mayor número y con necesidades de protección sin precedentes. Los mandatos judiciales existentes, los nuevos juicios y la constante amenaza de litigios limitan las opciones de la administración.
Lo que se necesitan son leyes de inmigración para el siglo XXI. Una reforma migratoria comprensiva y justa. Representantes en el Congreso ¿para cuándo?
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