19 de junio en la concejalía de Poughkeepsie, mucha gente reunida a favor de la declaración de Ciudad Segura, incluyendo al pastor José Briceño y su esposa Rosa Briceño. Foto cortesía de Felipe Santos, R-volución Radio
19 de junio en la concejalía de Poughkeepsie, mucha gente reunida a favor de la declaración de Ciudad Segura, incluyendo al pastor José Briceño y su esposa Rosa Briceño. Foto cortesía de Felipe Santos, R-volución Radio
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Sobre la cuestión de los condados seguros
 

Por Mariel Fiori
July 2017
Se debe distinguir entre una ofensa civil federal y un delito federal. Estar en este país sin permiso, o quedarse después de que se vence la visa, es una violación de inmigración civil y federal; mientras que entrar al país de manera ilegal sí es un delito federal menor (misdemeanor). La policía local y estatal no tiene la autoridad para hacer valer ofensas civiles federales, es decir: no pueden arrestar a alguien por una violación federal civil. Aunque si quieren, sí pueden detener a alguien por una ofensa civil, si la persona ya está en custodia policial por otro motivo. Pero hacer eso les puede traer consecuencias.

Hay una cuestión constitucional que viene al caso: la cuarta enmienda, que protege contra pesquisas y aprehensiones arbitrarias. Así se probó en el caso de Miranda-Olivares contra el Condado de Clackamas cuando un tribunal falló que el sheriff de ese condado no tenía causa probable para detenerla simplemente porque la persona no tenía papeles. La hermana de Miranda-Olivares fue a pagar la fianza y se encontró con que no la podía sacar de la cárcel porque tenía un pedido de detención de ICE. Por haber seguido la política interna de su departamento de policía, y por lo tanto, haberle hecho caso al pedido de ICE y detenerla sin permitirle su derecho a fianza, el condado tuvo que indemnizar a Miranda Olivares con $30,000 y pagar además todos los gastos legales. Me pregunto cuántos inmigrantes en nuestros condados de Dutchess, Ulster, Orange, Columbia o Sullivan se han enfrentado a situaciones similares y están dispuestos a pelear en la corte por sus derechos.

Al fin y al cabo, se han pronunciado los tribunales de todo el país, los pedidos de detención de ICE (también conocidos como ICE detainers) son meras sugerencias, pedidos sin peso legal, a menos que haya una orden firmada por un juez federal. Según expresó el Jefe de Policía Ken Wallentine, director del centro de entrenamiento del fiscal general de Utah, en un seminario organizado por Lexipol: si un sheriff decide hacer caso a un pedido de ICE, sin orden judicial de por medio, el sheriff es responsable por violar la cuarta enmienda de la constitución.

Este seminario de Lexipol fue muy informativo y es considerado una fuente confiable por los departamentos de policía del país, incluyendo nuestro Valle de Hudson. Así quedó en evidencia el lunes 5 de junio, en la reunión del consejo de la ciudad de Poughkeepsie, cuando la votación por la resolución de ciudad segura fue postergada para el lunes 19 de junio, a pedido de su jefe de policía, Thomas Pape.

El 5 de junio, Pape dijo estar de acuerdo con la idea de la resolución, patrocinada por los concejales Young y Cherry, pero recomendaba que el voto tuviera lugar en la siguiente reunión, del 19 de junio, porque primero quería asistir a un seminario por internet, o webinar, que le respondería sus preguntas. El seminario online, que tuvo lugar el 13 de junio, fue organizado por Lexipol y estuvo a cargo del jefe de policía de Eureka en California, que adoptó regulaciones estilo santuario. Lexipol, según lo describió Pape, es una empresa de mitigación de riesgo que escribe las políticas y las prácticas adecuadas para los departamentos de policía de todo el país basándose en la ley estatal y federal. Los interesados en ver el webinar completo, pueden accederlo aquí

Dos semanas después, el lunes 19 de junio, Pape fue otra vez a la concejalía y dijo que sí, que esta vez sí recomendaba votar a favor de la resolución. La buena noticia (por si todavía no se enteró) es que: por unanimidad de votos, los ocho concejales de la ciudad de Poughkeepsie (incluyendo al único republicano) votaron a favor de la resolución de ciudad segura. ¡Sí se pudo! El pueblo unido, jamás será vencido (fuimos muchos hispanos a apoyar este voto, dicho sea de paso).

Pero esto no termina acá, el lugar donde más familias son separadas es en las cárceles de los condados. Como mencioné, depende de la política interna de cada departamento policial el decidir hacer caso o no a un pedido de ICE que no venga con orden judicial. Una política interna no es una ley, es algo que los jefes de policía y los sheriffs mismos pueden modificar o dejar por escrito en cualquier momento; o cuando un gobierno legislativo local se lo requiera (como fue el caso de Poughkeepsie).

Como sabemos, las deportaciones de inmigrantes no criminales aumentaron más del 40% este año, según estadísticas de ICE. La colaboración de las policías con inmigración cuando no es absolutamente necesaria está haciendo mucho daño: daño a las familias, daño a los negocios, daño a las industrias agrícolas y del turismo (fuentes económicas de nuestra área), y daño irreparable a una generación de jóvenes estadounidenses que crecen con desconfianza. Ya es hora de que todas las ramas de los gobiernos condales, incluidos los que están a cargo de hacer cumplir la ley, trabajen más fuerte para mostrarnos que de verdad protegen a todos sus residentes.

Mariel Fiori
Directora


 

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