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Reformas en inmigración y vigilancia federal

Nos puede afectar a todos

Por Amy Netzky
April 2006
En estos últimos seis meses, con la Ley de Protección de la Frontera, Antiterrorista y de Inmigración Ilegal de 2005 (Border Protection, Antiterrorism and Illegal Immigration Act), la nueva versión del Patriot Act de este año, y la otra vez propuesta legislación que crearía un programa de trabajadores provisionales, las leyes de inmigración y de vigilancia electrónica federal continúan aumentando el nivel de castigo en casos de inmigración ilegal, la capacidad para conseguir información privada de la gente y la confusión de los inmigrantes legales e ilegales sobre sus derechos civiles en los Estados Unidos.
Pero esta información sobre inmigración y vigilancia federal es pertinente en la medida en que pueda afectar a todos en el país—ciudadanos o no. 

En febrero, la Comisión Judicial del Senado presentó un proyecto de ley que permitiría a cientos de miles de extranjeros ocupar trabajos vacantes en los EEUU por un máximo de seis años. La propuesta cambiaría radicalmente la política de inmigración y el lugar de trabajo en este país. Esta legislación autorizaría a quedarse indefinidamente a los millones de inmigrantes ilegales que hayan llegado antes del 4 de enero de 2004, incluyendo a esposos e hijos, con tal de que se registren en el Department of Homeland Security, paguen impuestos, y continúen cumpliendo con las leyes del país y siendo empleados. Sin embargo, los inmigrantes que hayan llegado después del 4 de enero de 2004 también podrían participar en el programa con tal de que regresen a sus países respetivos y hagan la solicitud desde su país nativo. Esto requeriría que los jefes, patrones y empresarios afirmaran que intentaron contratar a trabajadores estadounidenses antes de buscar a extranjeros adicionales, y que pagarán sueldos predominantes. Estos trabajadores extranjeros no tendrían derecho a hacerse residentes permanentes ni ciudadanos. La legislación no dice nada sobre los inmigrantes ilegales que ya están en el país y si la misma oportunidad se les va a aplicar a ellos. 

Esta legislación es una respuesta al debate de mucho tiempo sobre la práctica ilegal y común de contratar a inmigrantes ilegales y la lucha del gobierno contra la inmigración ilegal a los Estados Unidos. Como dijo el senador Arlen Spector de Pennsylvania, autor del proyecto, “Somos una nación de inmigrantes, pero también somos una nación de leyes”. La oposición a esta legislación viene de los dos lados del espectro político. Un lado no quiere aceptar ni permitir que los inmigrantes ilegales obtengan estatus legal, y el otro lado afirma que la legislación falla en proteger los derechos de los trabajadores inmigrantes que merecen un camino abierto a la ciudadanía. Este lado, es decir, los abogados de los inmigrantes, advierten que un programa de trabajadores provisionales de tal ilimitada escala comprimirá los sueldos y las condiciones en el lugar de trabajo, a la vez que creará una clase baja perpetua de trabajadores extranjeros.

Al considerar este programa de trabajadores provisionales, el Congreso tiene que recordar una legislación recientemente aprobada, el Border Protection, Antiterrorism and Illegal Immigration Act, de 2005. Esta legislación impone leyes más estrictas de inmigración, y extendería la definición de “contrabando de extranjeros” de una manera de que, teóricamente, incluiría a aquellas personas que trabajan en comedores de beneficencia, que acompañan a un amigo a la parada del autobús, o que cuidan al hijo de un vecino. 

Vigilancia federal

Otra legislación que afecta a toda la gente del país es la nueva aprobación del Patriot Act, (la Ley Patriota). Esta legislación, entre muchas otras cosas, hace legal toda vigilancia federal de cualquier señal eléctrica que entra, sale o está en el país. Esto incluye señales de teléfono, buzón de voz, internet o el teléfono celular. El propósito de esta vigilancia es poder mantener la seguridad nacional en el caso del terrorismo. Sin embargo, es importante saber que todas estas señales, vigiladas o no, son legalmente accesibles al gobierno federal. Obviamente, por la pura falta de tiempo y de empleados, no es posible que los departamentos de inteligencia del gobierno puedan ver, leer o escuchar todas las señales electrónicas del país. Por eso, estos departamentos pretenden enfocarse en las señales que tengan que ver con el posible terrorismo, pero el cruzamiento de fronteras nacionales y la inmigración ilegal pueden caer en esa categoría.




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