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Plegaria al congreso: no corten los cupones de comida

Por Antonio Flores-Lobos
February 2014

Cada vez que hay recortes federales, los programas sociales que distribuyen ayuda a los más vulnerables están entre los primeros en perder parte de su presupuesto. Los recortes que más estragos han causado son los que en noviembre ordenó el Congreso contra el Programa de Asistencia para Suplementar la Nutrición, el mismo que se encarga de distribuir los cupones de comida, y que en inglés es conocido como SNAP. 

Desde entonces, los bancos de comida y los comedores comunitarios, en el Valle del Hudson, como en el resto del país, se han visto abarrotados por personas que buscan ese suplemento alimenticio que su gobierno trata de negarles, pero del que se aferran para mantenerse por encima de la línea de la pobreza y el hambre.

Y es que los cinco mil millones de dólares que el Congreso dedujo del presupuesto actual del SNAP, viene a sacar totalmente a casi cuatro millones de personas del sistema, y a minimizar la cantidad de comida en los hogares de millones de estadounidenses, en donde la mayoría son niños, ancianos y personas discapacitadas.

De hecho, según cifras proporcionadas por la Administración del Presidente Barack Obama, hay siete millones de personas que no tienen otra entrada de dinero para comprar comida, excepto los $348 mensuales  que recibía una familia de tres. En el año fiscal, 2014, esa familia recibirá solo $319.

En el caso de la hispana de Woodstock,  de nombre Roxana, quién prefirió no proporcionar su apellido, el corte a los cupones de comida le ha venido a complicar la vida, sobre todo en estos momentos en que, para empezar, hace casi un año que perdió su trabajo. Originalmente, esta madre soltera recibía $377 mensuales en cupones alimenticios, para ella y sus dos pequeños, uno de siete y otro de cinco años. Pero después de los recortes, la cantidad bajó a $260, que fue cambiada a la anterior cantidad, con la llegada de su nuevo hijo, que hoy tiene ya tres meses de vida.

Pero los cortes al SNAP no fueron la única pesadilla para Roxana y sus tres niños (todos ciudadanos estadounidenses), puesto que también los subsidios de renta que recibe, se vieron reducidos de $752 a $531 mensuales.

Y mientras millones de estadounidenses hacen malabarismos para alargar sus limitados recursos, en Washington los congresistas aparentan jugar a la política.  

Por un lado el representante republicano Steve Southerland de Florida demanda que los que reciben cupones de comida trabajen o se presten como voluntarios para poder seguir recibiendo subsidios; mientras  que el demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, le aclara que muchos de los que reciben los suplementos son gente trabajadora, cuyos salarios no alcanzan para pagar por la comida que consumen sus familias.

En el ojo del huracán está la propuesta de ley, conocida en inglés como “Farm Bill”, que pudo haber evitado los recortes y que debió haber sido aprobada hace más de un año. Pero los políticos siguen sin ponerse de acuerdo. Por un lado, los republicanos, que controlan la Casa de Representantes, quieren recortar 40 mil millones de dólares en la próxima década del SNAP, mientras que los demócratas, que controlan el Senado, sólo quieren recortar 4 mil millones en ese mismo lapso.

Y mientras se sigue discutiendo en el Congreso, el incremento del desempleo, el estancamiento de los bajos salarios mínimos y el creciente costo de la vida, han hecho que se dispare el número de personas que necesitan de cupones de comida, entre otros programas sociales.

En 2007, antes de la “Gran Recesión”, el número de personas que recibía este subsidio, era apenas de 27 millones. Pero al año siguiente el número de personas recibiendo los cupones llegó a 48 millones, lo cual equivale a casi el 15 por ciento de la población nacional, y un gasto público de más de 75 mil millones de dólares al año.

Los activistas comunitarios observan que la llamada “Guerra contra la Pobreza”, que inició el Presidente Johnson hace 50 años, está lejos de ganarse. Por eso, los activistas protestan e implorar ante el Congreso que acaben con el asalto a los programas sociales para la clase menos privilegiada.

En Woodstock, mientras tanto, Roxana, quién está ya endeudada con familiares y amistades, y que no sabe cómo va a pagar este mes la luz, la calefacción o la “babysitter” para buscar trabajo, sólo pide a los congresistas que se pongan de acuerdo y que paren los recortes, de manera que sea menos el sufrimiento de su familia y de tantas otras que están en su misma situación.  



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