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Editorial

Vientos de cambio

Por Mariel Fiori
May 2013

Comenzábamos el año con la desagradable noticia de que los Estados Unidos gasta más en control  de inmigración que en todos los otros servicios de seguridad del país combinados, incluyendo el FBI, la DEA, el Servicio Secreto y todas las agencias de la policía criminal federal. Unos $18 mil millones que en 2012 fueron a parar a CBP (Protección de aduanas y fronteras), ICE (Policía de inmigración) y DHS (Departamento de Seguridad Nacional). No es para menos, en 2011 alrededor de 430 mil personas fueron puestas en el sistema de detención de inmigración y en 2012 la cifra fue similar (la gran mayoría de estas personas fueron luego deportadas). Y sabiendo que casi la mitad de los centros de detención pertenecen a compañías privadas, para muchos este es verdaderamente un buen negocio. Resulta irónico, simplemente basándose en el presupuesto alocado a la caza de indocumentados, que esta haya sido la prioridad número uno del gobierno.

Las altísimas cifras de detención y deportación de inmigrantes (muchas veces sin ningún cargo penal, y por consecuencia sin derecho a un abogado, ni a un procedimiento judicial) han sido posibles gracias a otro nefasto programa: Comunidades Seguras (S-Comm), con el que se ha detenido y deportado desproporcionadamente a más inmigrantes hispanos (75 por ciento del total mexicanos) que cualquier otro grupo, tiñendo su accionar de racista. Pero muchas, muchísimas, voces se alzaron en contra de este programa, en solicitadas, llamados y en acciones ante los tribunales por los mismos condados supuestos a seguir las instrucciones de S-Comm.

Así que un leve viento de cambio ocurrió recientemente cuando John Morton, director de ICE, explicó la nueva política de implementación de sus pedidos de detención de personas arrestadas por las policías locales. Morton expresó que a partir de ahora sólo pedirán la detención de un inmigrante supuestamente indocumentado para proceder a su deportación cuando esa persona haya sido condenado previamente por un delito grave o tres delitos menores, o tenga ya una orden de deportación dada por un juez, entre otros. Unos parámetros un poco más justos que los que se usaron desde 2008 (cuando comenzó el programa) y de alguna manera, una victoria, parcial pero importante, contra S-Comm.

Soplan vientos de cambio en la mentalidad del país, motivado probablemente por la realidad de las últimas elecciones presidenciales. Lo sabemos, el 71 por ciento de los hispanos votaron por Obama, quien ahora debe cumplir su promesa para una reforma de inmigración justa. Y no sólo en el Congreso y la Casa Blanca toman nota de los cambios demográficos, también agencias de noticias como Associated Press o el diario USA Today han decidido que ningún ser humano es ilegal, y que por lo tanto el uso de la frase “illegal alien” o “illegal” para referirse a inmigrantes sin permiso para estar aquí es incorrecta. El diario The New York Times llegó a una conclusión similar. En La Voz nunca usamos la palabra ilegal para referirnos a una persona, porque es peyorativo.

Y volviendo a nuestros políticos. El 17 de abril el llamado grupo de los ocho senadores reveló su plan de reforma migratoria bipartidista que le daría estatus legal a los once millones de indocumentados, aunque por un camino bastante largo para llegar a la ciudadanía (trece años para la mayoría, junto con otros requisitos poco gustosos). Claro que esto es mejor que nada, pero nada es exactamente lo que tenemos en este momento: no hay ninguna nueva ley de reforma de inmigración. Y es que si no fuera por los muchos años de trabajo de personas y grupos de base por todo el país y en nuestro Valle de Hudson, trabajo de organización comunitaria, de campañas registro de miles para votar y concientización, no tendríamos ni siquiera este proyecto de ley.

Este proyecto todavía tiene mucho camino que recorrer, va a pasar a la cámara de diputados (donde la mayoría es republicana) y será sometido a largas discusiones y cambios (algunos para mejor, otros no), antes de ser aprobado como ley y firmada por el presidente. Conocedores del proceso, algunos ya dicen que hasta el año que viene no habrá reforma migratoria. Otros, como los de la Campaña de Neoyorquinos para la Reforma Migratoria Real (una coalición de más de 150 grupos de todo el estado bajo el paraguas de la NYIC, http://www.thenyic.org/) dicen que ahora es el momento de seguir luchando, de no bajar los brazos, de hablar con nuestros representantes y hacerles saber que tenemos una voz y nuestro voto cuenta.

Soplan vientos de cambio para las alrededor de 16 millones de familias inmigrantes que tienen alguno de sus miembros indocumentados. Millones de personas que aún viven con el miedo de ser arrestadas por cualquier infracción para luego ser deportadas y separadas de sus familias y sus hijos. Todavía hoy seguimos escuchando casos así. Tengo esperanza en que habrá una reforma migratoria, pero como ha ocurrido hasta ahora, no será fácil llegar ahí. Necesitamos informarnos y participar en el proceso cívico, hacer oír nuestras voces. Entonces sí que habrá un cambio, y podremos decir que nosotros fuimos ese vendaval.  

 

Mariel Fiori

Directora


LA VOZ, Cultura y noticias hispanas del Valle de Hudson

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