Cultura y noticias hispanas del Valle del Hudson
Estados Unidos no puede ganar la guerra contra las drogas en México
La Iniciativa Mérida. Parte I
Por Katharina Kempf
March 2010En los Estados Unidos se sabe de la guerra contra las drogas de México, con cobertura en los periódicos de la violencia casi a diario. El narcotráfico es un tema muy importante en México porque el presidente Felipe Calderón ha prometido una respuesta fuerte del ejercito hacía los carteles desde que comenzara su presidencia en 2006. Debido a esta política, ha habido un incremento de la violencia, con más de 13.600 muertos como resultado de su guerra contra las drogas, según The New York Times. Sin embargo, este tema es más complejo que sólo una lucha entre carteles y el ejército.
El tráfico de drogas es la fuente de ingresos más grande de México y la actividad ilegal funciona basada en un sistema de corrupción entre el ejército, la policía, el gobierno y los bancos. El gobierno mismo de México ha reportado que el 60 por ciento de los policías de todos los niveles están bajo el control de los narcotraficantes, y en el ejército, miembros hasta los niveles de general han sido detenidos y enjuiciados por recibir pagos de los carteles. Los carteles mexicanos dependen de una demanda constante de drogas en los EE. UU., como su primera fuente de cocaína, marihuana, y metanfetamina. Los carteles también dependen de la pobreza y las pocas oportunidades de empleo en México.
Como explicó Todd Miller, empleado de Witness for Peace (Testigo por la Paz), las tres opciones más comunes para ganarse la vida en México son emigrar a los EE. UU., ingresar a la economía informal, o involucrarse en el crimen organizado. Witness for Peace es una organización no-gubernamental de los EE. UU. que trabaja para cambiar la política exterior de los EE. UU. y prácticas de corporaciones que contribuyen a la pobreza y opresión en Latinoamérica. Aunque Miller tiene cuatro años de experiencia trabajando en México con Witness for Peace, las opiniones expresadas en este artículo son suyas y no necesariamente de la organización.
Encajando con la estrategia militar del Presidente Calderón para combatir el crimen organizado, el anterior presidente de los EE. UU., George Bush creó la Iniciativa Mérida. La Iniciativa asigna $1400 millones a México durante los próximos tres años, incrementando ayuda a la policía y al ejército mexicano por parte de los EE. UU. por más de diez veces a través de la provisión de helicópteros, equipo de vigilancia como escáneres de ión, y programas de entrenamiento. La Iniciativa Mérida fue anunciada en octubre de 2007 y recibida con mucha protesta por parte de organizaciones no-gubernamentales.
El Plan Colombia
Una de estas organizaciones fue Witness for Peace, que tiene una oficina en Colombia y ha estado monitoreando los efectos del Plan Colombia, un acuerdo entre los EE. UU. y el país para combatir el narcotráfico allá. Aunque el gobierno de los EE. UU. ha negado comparaciones entre el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida (también llamado “Plan México” por las similitudes entre los dos), ambos representan una estrategia militar para combatir el tráfico de drogas.
Mucha de la resistencia se debió a que el Plan Colombia, que empezó en 2000, no ha tenido éxito, como hasta el mismo gobierno de los EE. UU. admite en sus informes. Miller dice que hay más producción de coca en Colombia ahora que cuando empezó el Plan Colombia.
Kristen Bricker, corresponsal de NarcoNews comenta que el Plan Colombia destruyó los carteles grandes del país pero en su lugar se han formado miles de carteles pequeños. Por eso, las organizaciones no-gubernamentales dudan del éxito de una estrategia militar contra el narcotráfico. Robert Jereski, miembro fundador de Friends of Brad Will (Amigos de Brad Will), una organización no-gubernamental de los EE. UU. que ha luchado contra la Iniciativa Mérida desde 2006, dice “por toda la evidencia, esta estrategia militar ha sido un fracaso abyecto sin ningún éxito”. La Iniciativa Mérida, a diferencia del Plan Colombia, no incluye ningún requisito o prueba contra el cual se pueda medir su éxito o fracaso, que “no es nada sorprendente” para Jereski, debido a los resultados del Plan Colombia.
A pesar de las protestas, la Iniciativa Mérida fue aprobada como ley el 30 de junio de 2008. El Presidente George Bush liberó $400 millones de los fondos en 2008 y 2009, y en marzo del 2009, el presidente actual de los EE. UU., Barack Obama, aprobó $300 millones más. Aproximadamente el 80 por ciento de los fondos fueron usados para armamento, sobre todo helicópteros. De hecho, el Presidente Obama quiere incrementar fondos sobre los que pidió Bush, que Jereski describe como una “traición muy desalentadora a su promesa de una política externa más amigable”.
Los cuatro requisitos
La preocupación principal de organizaciones de justicia social es el costo en derechos humanos del incremento financiero en apoyo del ejército y de la policía mexicana, que ha cometido violaciones a los derechos humanos. Para abordar este asunto, la Iniciativa Mérida estipula que la emisión del 15 por ciento de los fondos es bajo la condición de cumplir con cuatro requisitos de derechos humanos: primero, la transparencia y responsabilidad de la policía federal, estatal y municipal; segundo, que las autoridades civiles investiguen y procesen a miembros de la policía y del ejército cuando hayan cometido violaciones de derechos humanos; tercero, que el gobierno y las autoridades consulten con las organizaciones de justicia social en México; y finalmente, que sea aplicada la prohibición de obtener confesiones bajo tortura. Bricker describió esas condiciones como una forma de dar una apariencia de buena imagen a la Iniciativa Mérida y encubrir las verdaderas políticas.
El Departamento del Estado de los EE. UU. lanzó un informe en agosto titulado “México-Informe de la Iniciativa Mérida,” sobre el que Bricker escribió, intentando comprobar que México está cumpliendo con las condiciones para recibir el 15 por ciento de los fondos. Sin embargo, las recomendaciones de una investigación reciente de las Naciones Unidas sobre el estado de los derechos humanos en México sugieren otra cosa, expresa preocupación especialmente sobre el asunto de procesamiento militar en vez de un proceso civil por violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad pública y la aceptación de confesiones hechas bajo tortura. “El costo de la emisión de esos fondos es el sacrificio de la protección para las futuras víctimas de [violaciones de] derechos humanos en manos de las fuerzas de seguridad mejor armadas y entrenadas de Latinoamérica”, dijo Jereski.
Las organizaciones de derechos humanos están en contra del uso del ejército para hacer el trabajo de la policía porque el ejército no está entrenado para asuntos domésticos y con civiles. Witness for Peace llevó a un grupo de mexicanos que trabajan en organizaciones de justicia social a Washington, D.C. para, entre otros eventos y discursos, cabildear en el congreso de los EE. UU. Eso fue en el otoño de 2007, cuando la Iniciativa Mérida estaba siendo presentada a los congresistas, para enfatizar la posibilidad de que los fondos podrían ser usados para cometer violaciones contra los derechos humanos. Un miembro del grupo del tour de Witness for Peace fue Miguel Ángel Vásquez de la Rosa, de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), un proyecto para incrementar la participación popular en el sistema político, y reducir la corrupción en el gobierno. EDUCA está basado en Oaxaca, estado en el sur de México, que fue sitio de un intenso conflicto entre el pueblo y el gobierno en 2006.
Lo que pasó en Oaxaca
Un movimiento social luchó para la dimisión del gobernador del estado y para la creación de un gobierno estilo asamblea popular, la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO). El conflicto resultó en enfrentamientos violentos entre la policía federal y activistas sin armas, con hasta 26 muertos. Uno de los muertos fue un reportero de Indymedia de Nueva York, Brad Will, quien fue asesinado a balazos cuando estaba filmando un documental sobre el conflicto. Testigos y fotos, publicadas en el diario El Universal, proveen evidencia que sus asesinos fueron oficiales locales.
El gobierno de los EE. UU. incluyó una sección en la ley liberando fondos para la Iniciativa Mérida que el caso de Brad Will tendrá que ser resuelto en un proceso justo en un máximo de 45 días después de que la ley entrara en vigor. El gobierno de Oaxaca respondió con la detención de Juan Manuel Martínez Moreno el 17 de octubre de 2008. Martínez Moreno era un activista de la APPO que corrió al lado de Will después de que fue muerto a tiros para salvarle la vida, y no era ninguno de los oficiales locales fotografiados en la evidencia. Martínez Moreno sigue en prisión.
CONTINUARÁ…
Para más información visite
www.witnessforpeace.org, www.friendsofbradwill.org, o www.narconews.com.
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